El Ejecutivo sudanés ha acusado a más de una veintena de Estados de proporcionar respaldo logístico, financiero e incluso combatientes a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), señalando de forma directa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Etiopía por el incremento de los ataques con drones del grupo paramilitar en las últimas semanas.
El ministro de Defensa, Hasán Daud Kabrun, declaró a la agencia oficial SUNA que la situación en el país “no es una guerra civil ni una lucha de poder”, sino “una guerra exhaustiva destinada a destruir Sudán, saquear sus recursos y alterar su composición demográfica”.
Según Kabrun, Jartum ha presentado pruebas “concluyentes” sobre los países que han suministrado a la milicia armas, vehículos, drones y apoyo para levantar campamentos de entrenamiento, bajo el liderazgo de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como ‘Hemedti’. “Son cómplices en el asesinato de sudaneses”, afirmó.
El responsable de Defensa subrayó que el Gobierno sudanés intenta preservar “firmes relaciones diplomáticas fundamentadas en el respeto en el respeto a la soberanía estatal, la no injerencia en los asuntos internos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales”, y recalcó que, aunque el orden internacional se mueve por “intereses y la compra de lealtad”, Sudán sostiene que defiende “valores morales”.
Kabrun insistió en que uno de los retos centrales pasa por convencer a los países del entorno de la “naturaleza internacional” del conflicto y avanzar hacia el fin de “la rebelión, las milicias y los movimientos armados ilegales” para construir un Estado “moderno y democrático”. “Nadie gobernará Sudán sin elecciones ni un mandato constitucional”, remachó.
El ministro denunció igualmente la presencia masiva de extranjeros que habrían entrado de forma irregular como “mercenarios” y sostuvo que todos ellos deben ser expulsados. “Todos los extranjeros deben volver a sus países y cualquiera que desee entrar en Sudán debe hacerlo a través de los canales oficiales”, manifestó.
En paralelo, el Ministerio de Exteriores acusó a EAU de entregar drones a las RSF para perpetrar ataques en territorio sudanés y sostuvo que estos aparatos “son lanzados desde territorio etíope” contra “instalaciones críticas”, entre ellas oleoductos. “Estas acciones han provocado la muerte y heridas graves a civiles, además de causar daños extensos a la infraestructura vital”, añadió.
La cartera denunció que “la comisión persistente de genocidio, atrocidades horribles y sin precedentes, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de la milicia rebelde, junto con el continuo bombardeo y destrucción de la infraestructura vital, es una consecuencia inevitable de la permisividad de la comunidad internacional hacia esta milicia terrorista y sus patrocinadores”.
En su comunicado, el Ministerio lamentó que “dicha permisividad incluye la decisión de la comunidad internacional de hacer la vista gorda ante las violaciones flagrantes y sin precedentes por parte de la milicia del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, así como su desprecio por los Derechos Humanos”, y reiteró su “enérgica condena” a las “atrocidades” de las RSF, instando al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a “cumplir con sus responsabilidades en relación con la milicia y sus partidarios”.
Exteriores reafirmó además el derecho de Jartum a “repeler la agresión, defenderse y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y salvaguardar los bienes de la nación, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”, en un contexto de acusaciones contra EAU y Etiopía por los ataques con drones, que se han intensificado en los últimos meses.
Programa de desminado de la Unión Europea
En este escenario, la misión de la Unión Europea en Sudán resaltó que un proyecto de desminado financiado por el bloque “está dando resultados reales”, con la limpieza de más de 156.000 kilómetros cuadrados desde junio, incluidas las instalaciones del aeropuerto de Jartum.
La delegación comunitaria indicó en redes sociales que “más de 17.500 civiles han recibido formación en seguridad frente a riesgos por explosivos”, y que siete subestaciones eléctricas han sido desminadas, lo que ha permitido “la restauración del suministro de electricidad a hospitales y viviendas”.
El Ejército sudanés retomó en marzo de 2025 el control del aeropuerto de Jartum dentro de una ofensiva sobre zonas de la capital que permanecían bajo dominio de las RSF desde el inicio de la guerra. Desde esa fecha, el aeródromo se ha convertido en objetivo recurrente de ataques con drones por parte de los paramilitares.
El conflicto armado estalló en abril de 2023 tras las profundas discrepancias sobre la integración de las RSF en las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya debilitado después de la asonada que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
La contienda, en la que varios países han intervenido apoyando a uno u otro bando, ha sumido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de desplazados y refugiados, la expansión de enfermedades y graves daños en infraestructuras esenciales, que impiden atender a cientos de miles de personas afectadas.