El magistrado federal estadounidense David O. Carter ha desestimado la petición presentada por el Departamento de Justicia para impedir el recuento de unos 20.000 votos por correo en California, correspondientes a personas a las que la Administración de Donald Trump considera “probables no ciudadanos”, de cara a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, con el que rechaza la orden de restricción temporal solicitada por el Ejecutivo, el juez advierte de que aceptar la medida generaría un grave caos e interrumpiría unos comicios ya en marcha. “Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro”, afirma Carter, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
La resolución incide en que se trataría de una intromisión sin precedentes de Washington en las competencias de los estados para organizar sus procesos electorales. “Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en la víspera de unas elecciones, había tratado de coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara a la voluntad de la Rama Ejecutiva”, subraya el fallo. El documento añade que, con esta demanda, “el Ejecutivo pretendería que este tribunal crea que reina como soberano único. Pero California y su pueblo también son soberanos”.
El conflicto comenzó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con datos de más de 20.000 supuestos no ciudadanos, exigiendo que sus papeletas fueran apartadas en un plazo de 48 horas tras cruzar información con bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social.
No obstante, el tribunal ha puesto en entredicho la solidez del sistema empleado por el Gobierno. Carter recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional detectó inicialmente en Nevada casi 16.000 presuntos no ciudadanos en los censos, cifra que, tras las comprobaciones, se redujo a 185, y que finalmente resultaron ser todos ciudadanos estadounidenses con plenos derechos. Atender a las exigencias del Ejecutivo basándose en un procedimiento “plagado de incertidumbres y errores” implicaría el riesgo de “privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses”, argumenta el juez.
El fallo también alerta de que implantar a pocos días del 3 de noviembre un mecanismo para separar estas papeletas obligaría a las administraciones locales a diseñar procesos completamente nuevos, desviando recursos humanos y técnicos, lo que pondría en peligro la finalización del escrutinio y el cumplimiento de los plazos legales del calendario electoral.
La decisión del tribunal de distrito de Los Ángeles se conoce apenas dos días después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara otra solicitud urgente de la Administración Trump para acelerar este procedimiento, intentando sortear la intervención de Carter. En esa resolución, la corte de apelaciones responsabilizó al propio Gobierno federal de haber creado una “emergencia” artificial al presentar el caso cuando la apertura de las urnas era inminente.