Un tribunal civil de Génova ha dictado que RINA, el registro marítimo italiano, deberá abonar más de 60 millones de euros en concepto de indemnización a unas 700 familias de las víctimas del naufragio del ferry 'Al Salam Boccaccio 98', uno de los siniestros marítimos más graves de este siglo, en el que murieron 1.071 personas en el mar Rojo en febrero de 2006.
De acuerdo con la resolución difundida por la agencia ANSA, la responsabilidad principal del hundimiento recae en la negligencia de RINA. El buque, que anteriormente operó bajo el nombre 'Tirrenia' y fue vendido a un armador egipcio en 1999, sufrió un incendio a bordo en la noche del 2 al 3 de febrero de aquel año, incidente que desencadenó la tragedia.
El juez Daniele Bianchi concluyó que “ni el capitán ni la tripulación recibieron instrucciones de operación en inglés ni en ningún otro idioma que comprendieran” y que, por ello, “cuando se produjo un incendio a bordo, fueron incapaces de comprender cómo descargaba el exceso de agua de los tanques de lastre”.
Según se recoge en la sentencia, “esta circunstancia habría llevado al capitán, en un intento por contrarrestar la escora provocada por el incendio en el garaje, a realizar una maniobra que resultó fatal, al hacer zozobrar, y finalmente hundir el buque”.
El fallo se apoya en un informe pericial detallado solicitado por el propio magistrado a finales de 2022, en el que se señalan además otros 22 supuestos de negligencia, entre ellos carencias en la formación de la tripulación y en el control de los simulacros de seguridad a bordo.
Las familias que hasta ahora no habían percibido compensación alguna recibirán, de media, entre 100.000 y 150.000 euros por la muerte de su allegado, según la decisión judicial.
El juez ha establecido igualmente una compensación adicional para parte de los familiares que ya habían sido resarcidos en Egipto, al no haberse aplicado el criterio previsto por la ley islámica, que concede a las mujeres la mitad de la indemnización asignada a los hombres con el mismo grado de parentesco. La reclamación global presentada por los abogados de las familias ascendía a 300 millones de euros.
En una primera reacción, el Grupo de Expertos no Gubernamentales Sistema Mundial de Socorro/Asociación Ingenieros Radioelectronicos (ARE) expresa su malestar porque la sentencia no menciona en ningún momento al Comité de Seguridad Marítima constituido en su día sobre este caso ni sus conclusiones, y concentre el foco en la responsabilidad principal del Registro Marítimo Italiano.