La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, ha dictado una orden de requerimiento preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desplegar operaciones de campo e interrogatorios vinculados a las próximas elecciones de medio mandato en nueve estados del país. La resolución suspende dichas actuaciones en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
El auto veta de forma expresa estas operaciones e interrogatorios sobre el terreno cuando afecten a personas a las que las autoridades "saben, sospechan o deberían razonablemente saber o sospechar que son ciudadanos estadounidenses". La limitación alcanza también a las actuaciones basadas únicamente en los registros del sistema TECS (Sistema de Comunicaciones de Cumplimiento del Tesoro, por sus siglas en inglés) generados por la "Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes" frente a presuntos ciudadanos. Esta medida cautelar se mantendrá activa hasta las 20.00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales en la jornada de votación.
Con esta decisión, el tribunal interrumpe la "Iniciativa de Votantes Ilegales", puesta en marcha en agosto de 2026 dentro de la estrategia de la Administración Trump para priorizar la lucha contra el supuesto fraude electoral. En el marco de este plan, el DHS había instruido a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para que realizaran entrevistas sobre la elegibilidad de los votantes en los nueve estados afectados.
Datos poco fiables y clima de miedo
La demanda fue presentada, entre otros, por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United (CNA/NNU), la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. La magistrada concluye que el sindicato de enfermeras tiene una alta probabilidad de prosperar en su alegación de que las actuaciones del Ejecutivo vulneran la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación destinada a disuadir la participación y movilización de votantes.
De acuerdo con la resolución, el Gobierno confeccionó listados de personas objetivo a partir de casi 100 millones de registros procedentes de distintas bases de datos. La jueza advierte de una "alta probabilidad de error" en la depuración de esos listados debido a la inexistencia de una base de datos federal de ciudadanía, lo que ha llevado a que se incluyan por error a ciudadanos estadounidenses como posibles investigados.
El tribunal sostiene que el empleo de esta información defectuosa, unido al envío de agentes armados a los domicilios y a la difusión en redes sociales de detenciones por parte del DHS, genera un temor "objetivamente razonable" a sufrir actuaciones penales o policiales. Este escenario de intimidación, remarca, ha hecho que ciudadanos estadounidenses implicados en las campañas de las organizaciones demandantes abandonen tareas de movilización, información y apoyo a los votantes por miedo a ser investigados o arrestados sin motivo.
Martínez-Olguín razona que el interés público en garantizar unos comicios seguros y libres de coacciones pesa más que el interés de las autoridades federales en perseguir el fraude mediante estos procedimientos concretos. La suspensión de las operaciones ordenadas por el DHS comenzará a aplicarse a las 17.00 horas (hora local) de este viernes, 23 de octubre.