La relatora especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, ha alertado este martes sobre el elevado grado de impunidad que, a su juicio, existe en Israel frente a las denuncias de abusos contra personas palestinas encarceladas.
“En mi opinión, la cantidad y la crueldad de las denuncias recopiladas demuestran un flagrante desprecio por parte de Israel de su deber de tratar a todos los detenidos con humanidad y sin discriminación, lo que ha alentado, tolerado y consentido la tortura y los malos tratos, en ocasiones con apoyo a nivel ministerial y funcional”, ha señalado en un comunicado.
La experta de la ONU ha subrayado que las medidas adoptadas por Israel tras los ataques perpetrados por milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 han colocado a los reclusos palestinos en una situación de especial vulnerabilidad, exponiéndoles a “tortura, muertes potencialmente ilegales, detención incomunicada y condiciones degradantes”.
Según sus investigaciones, Edwards ha documentado 52 episodios de distintas formas de tortura u otros malos tratos contra palestinos encarcelados, además de 33 casos de tortura sexual y otros abusos de carácter sexual.
Entre las denuncias recogidas figura un caso de violación anal y vaginal reiterada y dos episodios de violación con objetos, mientras que once detenidos varones aseguraron haber sufrido palizas, tocamientos, descargas eléctricas y ataques de perros en la zona genital.
La relatora también ha citado informes que apuntan a al menos 94 fallecimientos bajo custodia desde octubre de 2023 que siguen sin ser objeto de investigación. Las autopsias practicadas en varios de estos casos habrían detectado múltiples fracturas costales, hemorragias cutáneas e internas, así como laceraciones en órganos intraabdominales, incluyendo al menos a un menor entre las víctimas.
“Las graves deficiencias en la gestión de las investigaciones refuerzan la idea de que la impunidad está muy extendida en Israel”, ha denunciado, reclamando la apertura de pesquisas “completas, independientes y transparentes”.
De las 1.680 denuncias registradas contra los servicios de Inteligencia israelíes, “ninguna ha derivado en una acusación formal”, y de los apenas 52 expedientes examinados por la División de Investigación Criminal de la Policía Militar, “solo unos pocos han sido procesados”.
“Les recuerdo a los funcionarios de todos los niveles que la tortura es un crimen internacional contra el cual no se permiten amnistías ni inmunidades. La responsabilidad individual no puede eludirse invocando la defensa de órdenes superiores”, ha advertido la relatora.
En la actualidad, se calcula que hay 9.000 palestinos encarcelados en Israel y que el 40% permanece bajo detención administrativa, una figura legal que posibilita mantener a personas sospechosas de delitos contra la seguridad bajo arresto indefinido y sin formulación de cargos.
“Reitero mi llamamiento a la liberación de todos los palestinos detenidos arbitrariamente o su pronta persecución judicial en procedimientos justos”, ha manifestado, mostrando igualmente su rechazo a la nueva ley que contempla la pena de muerte para palestinos.
Edwards ha añadido que ha puesto en marcha una nueva investigación sobre denuncias de torturas y otros abusos atribuidos al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la Yihad Islámica y otras facciones armadas en la Franja de Gaza, así como a la Autoridad Palestina en Cisjordania.