Granada trema: Marifrán Carazo, la sindaca che guida la risposta all'emergenza

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), el alcalde es la autoridad municipal central en la gestión de emergencias, con competencias tanto generales de dirección del municipio como poderes específicos para actuar ante catástrofes, infortunios públicos o graves riesgos. Estas competencias se complementan con la legislación estatal y autonómica de protección civil, pero la LBRL fija un núcleo mínimo común.

1. Papel general del alcalde en el gobierno municipal

El artículo 20 LBRL establece que el gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por alcalde y concejales. Sobre esta base, el artículo 21.1.a) atribuye al alcalde la función de dirigir el gobierno y la administración municipal. Esto incluye la coordinación de todos los servicios municipales que intervienen en una emergencia (servicios técnicos, servicios sociales, limpieza, urbanismo, etc.).

El alcalde es además el representante del Ayuntamiento (art. 21.1.b)), lo que le legitima para coordinarse con otras administraciones (delegación del Gobierno, comunidad autónoma, consorcios, etc.) cuando una emergencia supera el ámbito estrictamente local, sin perjuicio de los mandos operativos que establezca la normativa de protección civil.

2. Dirección de servicios y policía local

El artículo 21.1.d) atribuye al alcalde la competencia de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. En contextos de incendios, inundaciones o riesgos graves, esta potestad se traduce en priorizar actuaciones, reasignar recursos y ordenar intervenciones de los servicios dependientes del Ayuntamiento.

De forma específica, el artículo 21.1.i) le atribuye la jefatura de la Policía Municipal. Ello implica poder dirigir la actuación de la policía local en tareas como:

• Cortes de tráfico, evacuaciones y control de accesos a zonas de riesgo.
• Apoyo a los servicios de emergencia y protección civil.
• Vigilancia del cumplimiento de órdenes y bandos dictados por la Alcaldía.

3. Potestad de dictar bandos y de intervención sobre la ciudadanía

El artículo 21.1.e) reconoce expresamente al alcalde la potestad de dictar bandos. Los bandos son un instrumento clave en emergencias, al permitir ordenar conductas a la población (confinamientos, restricciones de uso de espacios, indicaciones de evacuación, cierre temporal de instalaciones, etc.).

Esta potestad se conecta con el artículo 84.1 LBRL, que señala que las entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos mediante ordenanzas y bandos, entre otros medios. En un contexto de emergencia, el alcalde puede usar los bandos como vía inmediata para imponer medidas de protección, siempre dentro del marco de la legislación sectorial (sanitaria, de protección civil, seguridad ciudadana).

Además, el artículo 21.1.n) habilita al alcalde para sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o las infracciones de ordenanzas municipales, lo que refuerza la eficacia de las medidas adoptadas mediante bandos u otras disposiciones locales.

4. Potestades específicas ante catástrofes o graves riesgos

La competencia nuclear en emergencias se recoge en el artículo 21.1.m) LBRL, que faculta al alcalde para: “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno”.

Este precepto:

• Reconoce un poder de actuación directa y urgente, sin necesidad de acuerdo previo del Pleno.
• Abarca tanto la existencia actual de una catástrofe o infortunio público como el grave riesgo de que se produzca.
• Exige una rendición de cuentas inmediata al Pleno, que controla políticamente las decisiones adoptadas.

La amplitud del término “medidas necesarias y adecuadas” permite al alcalde, por ejemplo, ordenar evacuaciones, habilitar albergues temporales, suspender actividades municipales, cerrar instalaciones o movilizar recursos extraordinarios, siempre respetando la normativa superior (protección civil, seguridad ciudadana, derechos fundamentales).

5. Funcionamiento institucional durante emergencias

El artículo 46.3 LBRL prevé que, cuando concurran situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que dificulten de forma desproporcionada las sesiones presenciales, los órganos colegiados de la entidad local puedan constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos o telemáticos. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias corresponde al alcalde o presidente a efectos de la convocatoria.

Esta previsión refuerza la capacidad de la corporación para seguir tomando decisiones durante emergencias prolongadas (por ejemplo, pandemias o grandes catástrofes naturales), evitando la paralización institucional.

6. Solidaridad intermunicipal en emergencias

Finalmente, la LBRL contempla que, tras una emergencia civil por catástrofes naturales o derivadas de la acción humana con graves daños, las entidades locales puedan aportar medios humanos y materiales a otros municipios gravemente afectados, por decisión de sus órganos competentes y dentro de los límites de estabilidad financiera. En la medida en que la decisión corresponda al ámbito de gobierno ordinario del municipio, el alcalde juega también un papel central en activar esa solidaridad intermunicipal.

Con la información disponible en las fuentes consultadas, sólo puede afirmarse con seguridad lo siguiente sobre las elecciones municipales de 2023 en la ciudad de Granada: el Partido Popular (PP) obtuvo 14 de los 27 concejales del Ayuntamiento, es decir, la mayoría absoluta de la corporación municipal. Esta mayoría permitió que la candidata popular Marifrán Carazo accediera a la Alcaldía sin necesidad de pactos.

Más allá de este dato central sobre la composición del pleno y la mayoría del PP, las fuentes a las que se ha tenido acceso (incluido el periódico Demócrata y búsquedas específicas de resultados oficiales) no ofrecen el desglose completo de concejales y porcentajes de voto por cada candidatura en el municipio de Granada para las elecciones del 28 de mayo de 2023. Por tanto, no es posible enumerar con rigor, a partir de esta información, todos los partidos con representación ni sus porcentajes de voto.

Lo que sí sabemos con certeza

En un artículo reciente sobre la actual alcaldesa, Marifrán Carazo, publicado en el diario Demócrata (Granada tiembla: Marifrán Carazo, la alcaldesa que lidera la respuesta a la emergencia), se recoge expresamente que:

• En las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP obtuvo 14 de los 27 concejales del Ayuntamiento de Granada.
• Esos 14 concejales suponen “justo la mayoría absoluta”, lo que permitió al PP gobernar en solitario.
• El 17 de junio de 2023, Marifrán Carazo se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Granada.

Con estos datos, se puede deducir el marco general:

• El pleno del Ayuntamiento está formado por 27 concejales.
• La mayoría absoluta se alcanza con 14 escaños, que son los que obtuvo el PP.
• El resto de fuerzas políticas se reparten los otros 13 concejales, pero el reparto exacto y sus porcentajes de voto no aparece en las fuentes consultadas.

Por qué no se ofrecen aquí los porcentajes y el resto de partidos

Para responder con precisión a su pregunta haría falta una tabla como esta:

• Nombre de la candidatura (por ejemplo, PP, PSOE, Vox, candidaturas de confluencia de izquierdas, etc.).
• Número de concejales obtenidos por cada una.
• Porcentaje de voto escrutado para cada lista.

Sin embargo, en las búsquedas realizadas no figura ese cuadro de resultados para el municipio de Granada procedente ni del Ministerio del Interior ni de los resúmenes estadísticos de la Junta de Andalucía ni de coberturas periodísticas que lo reproduzcan. Dado que la instrucción de trabajo obliga a no completar los datos por memoria ni estimaciones, no es posible reconstruir aquí ese reparto sin riesgo de inexactitud.

Por la misma razón, tampoco se puede asegurar con base documental qué partidos concretos alcanzaron representación más allá del PP: es razonable suponer la presencia de otras formaciones estatales o coaliciones de ámbito andaluz, pero esa suposición no se ve confirmada en los textos disponibles, de modo que no debe presentarse como un hecho.

Cómo consultar los resultados oficiales completos

Si necesita el detalle exacto de concejales y porcentajes de voto para cada candidatura en Granada ciudad, la vía más fiable es acudir directamente a los resultados oficiales:

• El portal de resultados electorales del Ministerio del Interior (sección de elecciones locales 2023), donde se puede seleccionar la comunidad autónoma de Andalucía, la provincia de Granada y el municipio de Granada. Allí suele ofrecerse:
  • Votos obtenidos por cada lista.
  • Porcentajes sobre voto válido.
  • Reparto de concejales.
• El sistema de resultados electorales de la Junta de Andalucía, que también permite consultar, a nivel municipal, los datos del 28M:
  • Series históricas de participación.
  • Mapas y gráficos por municipio.
  • Descarga de ficheros con el detalle de cada candidatura.

En ambos casos, basta con filtrar por “Elecciones municipales 2023” y, dentro de Andalucía, elegir la provincia de Granada y después el municipio “Granada”. Esos portales son los que fijan el resultado oficial a efectos jurídicos y permiten conocer exactamente qué partidos obtuvieron representación y con qué porcentaje de voto.

En resumen, con los datos recabados puede afirmarse que el PP ganó las elecciones municipales de 2023 en Granada capital con 14 concejales sobre 27, logrando mayoría absoluta y la Alcaldía para Marifrán Carazo. El desglose completo de concejales y porcentajes de voto por candidatura, así como el listado exhaustivo de todas las fuerzas con representación, debe consultarse directamente en los registros oficiales de resultados electorales, dado que no aparece de forma reproducida en las fuentes textuales analizadas.

En la planificación española de protección civil frente al riesgo sísmico, la fase de emergencia, situación operativa 1 se activa cuando ya se ha producido un terremoto con daños, pero la emergencia puede ser atendida con los medios locales disponibles. Esta definición se recoge en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 5 de mayo de 1995, BOE-A-1995-12364) y se reproduce en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 29 de marzo de 2010, BOE-A-2010-5661).

La Directriz Básica establece que, en los planes de protección civil ante el riesgo sísmico, la fase de emergencia comienza “con la ocurrencia de un terremoto que haya producido daños materiales o víctimas” y se prolonga hasta que se ejecutan las medidas necesarias de socorro y protección y se restablecen los servicios básicos. Dentro de esta fase se distinguen varias situaciones; la situación 1 se define expresamente así: cuando se han producido fenómenos sísmicos cuya atención, en lo relativo a la protección de personas y bienes, “puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas”.

Trasladado a un Plan de Actuación Local o Municipal ante el Riesgo Sísmico, que es el plan específico del ayuntamiento integrado en el Plan Especial autonómico y coherente con el Plan Estatal y con la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE-A-2015-7730), la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, exige básicamente:

• Que se haya producido un terremoto sentido en el municipio que genera daños materiales apreciables (caídas de elementos no estructurales, fisuras, desprendimientos, afectación de mobiliario urbano, etc.) y/o víctimas (heridos o fallecidos), aunque en un número limitado.
• Que esos daños requieran actuaciones organizadas de los servicios municipales (policía local, servicios de obras, bomberos municipales o consorciados, servicios sanitarios de la zona, protección civil local, etc.).
• Que, pese a la gravedad del suceso, la emergencia pueda ser afrontada con los recursos propios del municipio y, en su caso, con apoyos ordinarios ya previstos, sin necesidad de recurrir todavía a un refuerzo extraordinario externo ni de que se declare el interés nacional.

En la práctica, los planes locales concretan estos requisitos mediante indicadores operativos, inspirados en la Directriz y en el Plan Estatal. Suele considerarse, entre otros, el número y tipo de llamadas al 112 o al centro de emergencias, la información instrumental de intensidad y magnitud sísmica, informes rápidos de daños en edificios, infraestructuras y redes (agua, luz, gas, comunicaciones), así como la posible necesidad de evacuaciones parciales de edificios o zonas. Cuando estos factores evidencian que el incidente supera la gestión ordinaria pero sigue siendo abarcable con medios locales, el director del plan municipal declara la situación 1.

La autoridad competente para activar la fase de emergencia en un Plan de Actuación Local es, con carácter general, la que el propio plan designa como Director del Plan, que en la mayoría de municipios es el alcalde o alcaldesa (o concejal delegado) de acuerdo con la normativa autonómica de protección civil. La Ley 17/2015 y la Directriz Básica obligan además a que esta activación se comunique inmediatamente al órgano autonómico de protección civil, de modo que el Plan Territorial o Especial autonómico pueda valorar si procede pasar a una situación superior (por ejemplo, situación 2, cuando son necesarios medios externos a la zona afectada).

El Plan Estatal de Riesgo Sísmico detalla, para la situación 1, un conjunto de actuaciones típicas: intensificación de la vigilancia e información sísmica, evaluación rápida de daños, seguimiento de la evolución, información a la población y movilización de medios y recursos locales. El plan municipal debe concretar quién hace qué (policía local, servicios técnicos municipales, equipos de atención social, voluntariado de protección civil, etc.) y cómo se coordina con el centro de coordinación autonómico.

Debe tenerse en cuenta, finalmente, que la Directriz Básica de 1995 y sus modificaciones, el Plan Estatal de 2010 y la Ley 17/2015 fijan el marco mínimo común, pero cada comunidad autónoma aprueba su Plan Especial ante el Riesgo Sísmico y su normativa de protección civil, en la que se pueden matizar umbrales, denominaciones internas (“situación operativa 1”, “nivel 1”, etc.) y procedimientos concretos de activación. Por ello, para la gestión concreta de un municipio es imprescindible consultar el Plan Especial autonómico y el propio Plan de Actuación Local, que adaptan estos criterios generales a la realidad territorial y organizativa de cada comunidad.