Madrid combatte tre incendi allo stesso tempo: evacuati i 3.500 abitanti di Aldea del Fresno e attivate allerte in vari comuni

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es la principal herramienta del Estado para intervenir en grandes incendios forestales cuando la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas se ve superada o cuando concurre un interés nacional. Sus competencias están definidas por el Acuerdo de creación de 2005, el Protocolo de Intervención aprobado por el Real Decreto 1097/2011, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y la Orden DEF/160/2019. En incendios forestales, la UME actúa como fuerza de choque altamente especializada, pero siempre de forma subsidiaria y coordinada con las autoridades de protección civil competentes. Además, puede asumir la dirección operativa en emergencias de interés nacional.

Marco general y ámbito de actuación

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, publicado por la resolución de 19 de enero de 2006, creó la UME con la misión de intervenir “en cualquier lugar del territorio nacional” para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos ante “grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. Esa misión se concreta después en el Protocolo de Intervención aprobado por el Real Decreto 1097/2011, que enumera expresamente los incendios forestales como uno de los supuestos en los que puede ordenarse su intervención.

La UME es una unidad permanente de las Fuerzas Armadas, dependiente orgánicamente del Ministerio de Defensa, pero encuadrada en el Sistema Nacional de Protección Civil regulado por la Ley 17/2015. Esta ley le reconoce carácter de servicio público de intervención y asistencia en emergencias y la configura como principal estructura de colaboración militar con el resto de administraciones en protección civil.

Prevención, preparación y adiestramiento

Según la Orden DEF/160/2019, las actuaciones operativas de la UME “se centrarán fundamentalmente” en medidas de salvaguarda de personas, bienes, medio ambiente y espacios naturales. En materia de incendios forestales:

• Prevención: la UME “sólo realizará las labores de prevención necesarias para hacer frente a una emergencia declarada”. Es decir, no sustituye a los dispositivos autonómicos de prevención estructural, pero puede ejecutar trabajos preventivos inmediatos ligados a una situación de emergencia o de preemergencia (por ejemplo, cortafuegos de urgencia antes de la llegada del fuego a núcleos de población).
• Preparación y formación: el Protocolo de Intervención incluye entre sus funciones la planificación y el adiestramiento. La Orden DEF/160/2019 desarrolla esta vertiente mediante la Escuela Militar de Emergencias, que perfecciona la capacitación específica para riesgos como los incendios forestales.

Activación y coordinación con comunidades autónomas

En grandes incendios forestales que no se declaran de interés nacional, el Protocolo de Intervención fija un esquema de activación subsidiaria:

• Las autoridades autonómicas de protección civil pueden solicitar al Ministerio del Interior la colaboración de la UME cuando la emergencia sea grave.
• Interior, valorando dimensión del incendio y medios disponibles, pide al Ministerio de Defensa la intervención de la UME.
• El ministro de Defensa ordena la intervención, por delegación del presidente del Gobierno.

En todos los casos, la UME debe respetar la distribución competencial Estado–comunidades autónomas en protección civil. Operativamente, uno de sus mandos se integra en el centro de coordinación que dirija el incendio (CECOP o equivalente), lo que garantiza la coordinación con los dispositivos autonómicos, de acuerdo con la normativa básica y con el Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales.

Mando operativo y emergencias de interés nacional

La Ley 17/2015 prevé que, en emergencias de interés nacional, la UME asuma la dirección operativa de la respuesta bajo la superior dirección del ministro del Interior. La Orden DEF/160/2019 concreta que el general jefe de la UME ejerce esa dirección operativa en dichos casos.

En un gran incendio forestal declarado de interés nacional, esto supone que:

• El jefe de la UME dirige las actuaciones en la zona siniestrada en el ámbito de la protección civil, integrando tanto a sus propias unidades como, en su caso, a otras fuerzas de las Fuerzas Armadas que se le pongan a disposición.
• La UME puede requerir y poner bajo su mando funcional determinados medios estatales, especialmente medios aéreos de lucha contra incendios, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1097/2011.

Funciones concretas en incendios forestales

Dentro de este marco, las funciones de la UME en grandes incendios forestales se articulan en varios planos:

• Intervención directa: ataque al fuego en primera línea, defensa de poblaciones, infraestructuras críticas y valores ambientales, y ejecución de maniobras de contrafuego o quemas de ensanche cuando lo permiten los planes de operación.
• Apoyo logístico y a damnificados: el Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias proporciona apoyo logístico, servicios básicos a la población afectada y capacidades específicas en emergencias medioambientales, según la Orden DEF/160/2019.
• Refuerzo de medios estatales: el Plan Estatal de incendios forestales fija que el Estado aportará medios en presencia de interés nacional o cuando las comunidades autónomas lo requieran; la UME es uno de esos medios clave, junto con los medios aéreos del Ministerio de Agricultura/Transición Ecológica.

Limitaciones de actuación

El Protocolo de Intervención excluye de forma general las emergencias en el mar (salvo circunstancias excepcionales) y subraya que la UME “sólo” desarrolla prevención ligada a emergencias. Además, insiste en el respeto a las competencias autonómicas y en que su actuación es complementaria y subsidiaria, activada a petición y no de forma autónoma, salvo supuestos muy excepcionales de necesidad extrema en los que su jefe puede ordenar una intervención inmediata dando cuenta posteriormente al ministro de Defensa.

El sistema ES-Alert se apoya en dos grandes pilares legales: la normativa de telecomunicaciones, que obliga a los operadores a garantizar la transmisión de alertas públicas, y la normativa de protección civil, que define cuándo y quién puede ordenar avisos a la población en una situación de emergencia. No existe, en las fuentes consultadas, un real decreto específico que “bautice” ES-Alert, sino que se configura como herramienta técnica al servicio de esos marcos generales. Para activarlo debe existir una emergencia prevista en los planes de protección civil, una autoridad competente que declare la fase o situación operativa correspondiente y una base jurídica clara de interés público/seguridad pública para tratar los datos. Todo ello se somete a límites materiales (grandes catástrofes o emergencias graves) y a las garantías del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018.

1. Marco de telecomunicaciones y obligación de alertar

La Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, que transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, introduce “un sistema de alertas públicas a través de los servicios móviles en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso” (preámbulo). A partir de ahí, establece dos elementos clave:

• Servicio público: la propia ley incluye entre los servicios públicos de telecomunicaciones los destinados a seguridad y protección civil.
• Obligaciones de los operadores: los operadores de redes públicas deben “garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisión ininterrumpida de las alertas públicas” (artículos de seguridad de redes y servicios, en el bloque donde se recoge el apartado 6 transcrito en la ley).

Esta obligación se entiende “sin perjuicio” de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, lo que significa que el uso de ES-Alert debe apoyarse en las bases jurídicas de interés público esencial, seguridad pública o protección civil previstas en esa normativa, sin necesidad de consentimiento individual.

2. Marco de protección civil y declaración de la emergencia

En el ámbito de emergencias, el encaje viene dado, principalmente, por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (no reproducida en la traza, pero mencionada en el preámbulo) y por la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 524/2023.

Esta Norma Básica exige que las Directrices Básicas de Planificación y los planes de protección civil incluyan:

• Sistemas de información, alerta y comunicaciones específicos para cada riesgo.
• Sistemas de alerta temprana e información a la población como elemento básico del contenido mínimo de los planes (articulado donde se enumeran “Sistemas de alerta temprana e información a la población”).
• Definición de fases y situaciones operativas (alerta/preemergencia, emergencia y recuperación) e identificación del órgano competente para declararlas, con situaciones 0, 1, 2 y 3 según la gravedad y el alcance territorial.

Para que se active un aviso masivo tipo ES-Alert deben concurrir, por tanto, al menos:

• Que el suceso encaje en un riesgo planificado (catástrofes naturales, tecnológicas, etc.) y dentro de los escenarios previstos en los planes territoriales o especiales.
• Que la autoridad de protección civil competente (autonómica o, en caso de emergencia de interés nacional, el Ministerio del Interior) declare la situación operativa y ordene el uso de los sistemas de alerta previstos.

3. Planes y estrategias que enmarcan el uso de alertas

El Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), publicado por Resolución de 16 de diciembre de 2020 (Plan Estatal General de Emergencias), y la Estrategia Nacional de Protección Civil de 2023-2024 refuerzan la necesidad de sistemas coordinados de información y alerta a la población. A su vez, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 integra la protección civil en el Sistema de Seguridad Nacional, lo que sirve de base para la coordinación con Interior, fuerzas y cuerpos de seguridad y el sistema de protección de infraestructuras críticas.

No obstante, en las fuentes analizadas no aparece un protocolo jurídico detallado de ES-Alert (por ejemplo, una orden ministerial que lo regule de forma exhaustiva), sino referencias generales a “sistemas de alerta temprana e información a la población”. Los detalles operativos y la coordinación fina (centros de emergencias 112, CNPIC, Delegaciones del Gobierno, etc.) se sitúan, por tanto, en protocolos internos y en los propios planes de protección civil, no publicados como norma específica en el BOE dentro de la traza disponible.

4. Tratamiento de datos y límites de uso

La Ley 11/2022 recuerda expresamente que todas las medidas en materia de integridad y seguridad de redes, incluida la transmisión de alertas públicas, se aplican “sin perjuicio” del RGPD y de la Ley Orgánica 3/2018. De ello se derivan varios requisitos y límites para ES-Alert:

• Base jurídica: tratamiento necesario para una misión realizada en interés público y para la protección de intereses vitales/seguridad pública (no consentimiento).
• Finalidad: exclusiva de información y protección en emergencias, prohibiéndose usos incompatibles (comerciales, políticos, etc.).
• Minimización: el sistema se diseña para enviar mensajes a terminales en un área geográfica, sin identificar individualmente a las personas más allá de lo imprescindible para la difusión técnica.

En resumen, legalmente ES-Alert solo puede activarse por las autoridades de protección civil y seguridad en el marco de una emergencia real, prevista en los planes, y con la única finalidad de proteger a la población, apoyándose en la Ley 11/2022, la Ley 17/2015, la Norma Básica de Protección Civil y la normativa de protección de datos. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre reglas adicionales específicas del sistema ES-Alert.