Catorce comunidades autónomas han respaldado este jueves la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores inmigrantes no acompañados que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. La decisión ha salido adelante en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, aunque el acuerdo ha evidenciado de nuevo las diferencias entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el Partido Popular sobre cómo afrontar la crisis.
Las comunidades del PP que han participado en la reunión han votado a favor de la transferencia, aunque consideran que la cantidad es insuficiente para hacer frente a la situación que atraviesa Ceuta. Madrid ha sido especialmente crítica con la cuantía. Su consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, ha advertido de que los 25 millones de euros apenas permitirán cubrir dos meses de atención para los más de 1.500 menores que, según los datos depurados que maneja el Ministerio de Juventud e Infancia, permanecen actualmente en la ciudad.
El acuerdo no ha contado con el respaldo de todas las autonomías populares. Aragón, Castilla y León y Extremadura han rechazado por escrito la transferencia y no han participado en la reunión, una ausencia que reproduce el plante de la anterior convocatoria. En los tres territorios las competencias de Infancia están vinculadas a gobiernos del PP en los que Vox tiene responsabilidades.
El apoyo mayoritario del PP
El resto de comunidades gobernadas por el PP sí ha respaldado la financiación, aunque con importantes reservas sobre la respuesta del Gobierno. Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid han participado en la reunión, junto a Canarias, que cuenta con un Ejecutivo de coalición entre Coalición Canaria y PP. Ceuta y Melilla también han intervenido, en su caso con un interés directo en que el resto de territorios asuman parte de la presión que soportan.
La posición del PP se mueve así entre el respaldo a que el Estado aporte recursos y el rechazo a que la financiación se utilice como vía para consolidar un reparto de menores por la Península. Los populares consideran insuficientes los 25 millones, pero reclaman al mismo tiempo que los menores que puedan ser devueltos sean retornados a sus familias en Marruecos, en lugar de trasladarlos automáticamente a otras comunidades autónomas.
La propia Dávila-Ponce de León ha defendido que la prioridad debe ser localizar a las familias de los menores y estudiar su retorno a Marruecos, y ha rechazado que sean trasladados a la Península para ser repartidos entre las comunidades. El planteamiento madrileño refleja la posición que el PP viene manteniendo en las últimas semanas: aceptar que Ceuta necesita apoyo económico, pero no asumir que la solución pase necesariamente por distribuir a los menores por el resto de España.
La reunión de este jueves ha servido también para evidenciar las diferencias sobre el procedimiento que pretende seguir el Gobierno. El Ministerio de Juventud e Infancia había incluido inicialmente en el orden del día el debate sobre la situación de los menores en Ceuta, además de la transferencia económica. Las comunidades del PP habían cuestionado que ese asunto se incorporase a la Conferencia Sectorial de manera que consideraban irregular, y finalmente el Ministerio ha optado por retirarlo.
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500 menores, pendientes de Ceuta
La cuestión de fondo, sin embargo, permanece. El Gobierno quiere que los menores sean trasladados cuanto antes desde Ceuta a otras comunidades para descongestionar los recursos de acogida de la ciudad y que sea en esos territorios donde se completen los procesos de identificación, entrevistas y estudio de cada caso. La Administración sostiene que esas actuaciones pueden realizarse igualmente fuera de Ceuta y que esperar a completarlas en la ciudad autónoma prolongaría una situación de saturación que ya se ha convertido en crítica.
El Ministerio trabaja oficialmente con la prioridad de reunificar a los menores con sus familias o facilitar su retorno a Marruecos cuando sea posible, pero reconoce que esas repatriaciones no pueden hacerse de manera automática. Es necesario localizar a los familiares, comprobar las circunstancias de cada menor y garantizar que existe un lugar seguro al que pueda regresar. Ese proceso, según el Ejecutivo, puede prolongarse durante meses si se desarrolla íntegramente en Ceuta.
Sira Rego ha planteado además el traslado urgente de 500 niñas a recursos de entidades privadas y ONG en la Península.
La decisión, sin embargo, corresponde a Ceuta como territorio que ejerce la tutela de estos menores. El Gobierno central pretende utilizar estos traslados como una vía para aliviar la presión inmediata sobre los centros ceutíes.
El número de menores que permanecen en la ciudad también ha sido objeto de controversia. Durante las últimas semanas se llegaron a manejar cifras de hasta 4.000 menores por parte de organizaciones sociales y de más de 2.900 desde el Gobierno. El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene ahora que, una vez depurados los registros y eliminados expedientes duplicados, existen al menos 1.500 menores identificados y registrados, aunque todavía habría niños y adolescentes pendientes de identificación que no están incluidos en esa cifra.
El PP considera insuficiente la cantidad
La financiación aprobada este jueves trata de responder a una parte de esa emergencia, pero difícilmente cerrará el enfrentamiento político. Para el Gobierno, los 25 millones constituyen una inyección necesaria para que Ceuta pueda mantener la atención de los menores mientras se articula una solución. Para el PP, la cantidad es insuficiente y no resuelve el problema fundamental: qué hacer con los menores, durante cuánto tiempo permanecerán en Ceuta y cuándo podrán ser devueltos a sus familias.
El resultado de la Conferencia Sectorial deja, por tanto, una fotografía política muy precisa. La mayoría de las comunidades ha aceptado poner dinero para aliviar la situación de Ceuta; tres territorios gobernados por el PP y con presencia de Vox han optado por no participar; y el resto de autonomías populares ha dado su respaldo a la financiación, pero cuestionando tanto su cuantía como la estrategia de reparto territorial planteada por el Gobierno.
Un mes después de la entrada masiva que desencadenó la crisis, Ceuta sigue soportando una presión extraordinaria sobre su sistema de protección de menores. Los 25 millones aprobados permitirán ganar tiempo, pero no resuelven la cuestión que enfrenta a Gobierno y PP: si la respuesta debe consistir en trasladar a los menores a otras comunidades mientras se estudia cada expediente o en acelerar, como reclama el principal partido de la oposición, los procedimientos que permitan su retorno a sus familias y a Marruecos.