El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado al PP a abandonar su "actitud dogmática y cerril" y su "oposición improductiva que lo único que hace es agravar los problemas" para que respalde la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Al mismo tiempo, ha avisado a los populares del "coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común".
En una comparecencia ante los medios en Pamplona, previa a una reunión con la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, centrada en cuestiones de vivienda, Bustinduy ha remarcado que el PP "hasta ahora no ha dado un solo argumento para oponerse a proteger a 1,6 millones de personas".
Ha subrayado que "son cientos de miles de hogares los que a la hora de vencimiento de sus contratos en este año y en el que viene pueden afrontar subidas de un 40, un 50 o hasta un 70% del precio de sus alquileres". Según ha descrito, "son familias que tienen escolarizados a sus hijos e hijas en los colegios del barrio. Son parejas que no pueden separarse porque no pueden afrontar el pago de dos alquileres separados. Es gente joven que va a tener que volver a vivir a casa de sus padres". "Esa gente es de izquierdas y de derechas, esa gente vive en todas las comunidades autónomas", ha enfatizado.
El titular de Derechos Sociales ha señalado que "conocimos hace poco" que el PP "tiene entre sus votantes el doble de inquilinos que de caseros; son también sus votantes, no van a poder explicárselo". Por ello, ha reclamado a esta formación que "recapacite sobre el coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común" y que, ha dicho, "lo único que hace es asegurar dos años de estabilidad con las mismas condiciones, con el pago religioso de los alquileres a los propietarios, nadie sale perdiendo con esto". A su juicio, "sus propios votantes no van a entender que se opongan a cualquier mecanismo para aliviar la formidable crisis de vivienda que sufren las familias en este país".
Bustinduy ha reconocido la labor del Ejecutivo navarro y ha valorado su "labor de pedagogía e información" al remitir cartas a 10.000 inquilinos para recordarles su derecho a solicitar la prórroga de dos años de sus contratos de arrendamiento. En este contexto, ha alertado de "maniobras de intimidación por parte de grandes tenedores y grandes fondos financieros que están chantajeando a sus inquilinos para disuadirles de solicitar la prórroga".
En su opinión, "los únicos que tienen algo que temer frente a la prórroga de los alquileres son quienes se están lucrando de manera desmedida convirtiendo la vivienda en un activo financiero a costa de expulsar a las familias de sus casas".
Alquileres de temporada y contratos de habitaciones
En otro orden de cosas, el ministro ha recordado que "desde hace muchos meses" está en marcha en el Congreso una ponencia para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, "que es el mecanismo que se ha empleado para sortear de manera fraudulenta la regulación de las zonas tensionadas establecida por la ley de vivienda". Ha reprochado que "si esa ley no es realidad ya es por falta de voluntad política. Es porque el Partido Popular, Vox y Junts per Cataluña hasta ahora no han querido aprobarla".
Según ha recalcado, "por tanto estamos ante una cuestión clara en la que hay que decidir de qué lado se está. La regulación está lista en el Congreso de los Diputados". En este sentido, ha afirmado que "habrá quien se posicione del lado de las familias trabajadoras y habrá quien se posicione del lado de los grandes fondos financieros que están utilizando la vivienda como un inmenso mecanismo para aspirar riqueza de la sociedad".
Bustinduy ha lamentado que "toda la riqueza que se genera a través del trabajo" y "todas las cifras de desarrollo económico que está teniendo el país tienen un agujero negro que es la vivienda". Asimismo, ha incidido en que "es completamente improductiva, no está generando ningún valor agregado, no está generando empleo ni inversión". A su entender, "lo que hacen estos grandes especuladores es aspirar riqueza de la economía para convertirla en beneficio privado. En muchos casos con grandes grupos transnacionales que ni siquiera pagan los impuestos que les correspondería aquí en España".
Por este motivo, ha reiterado que "la cuestión es meridiana": "¿A quién se defiende? ¿A los inquilinos y las inquilinas o a esos grandes fondos internacionales?", se ha cuestionado.
En paralelo, la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha señalado que "el alquiler fraudulento de habitaciones, los contratos de temporada, era una fuga de la ley de vivienda de la que se advirtió desde el principio". En esta línea, ha avanzado que, desde el Gobierno de Navarra, se analiza la posibilidad de sacar adelante una regulación que "ponga coto a esta fórmula de infravivienda, porque no son estudiantes, son familias enteras y menores residiendo en habitaciones".