Cinco países de la Unión Europea han anunciado que trabajan con Ruanda para poner en marcha un centro de retorno de migrantes cuyos procedimientos de asilo hayan sido rechazados. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos pretenden que el proyecto comience a funcionar en 2027 y permita trasladar fuera del territorio comunitario a personas que no tienen derecho a permanecer en Europa y cuya expulsión a sus países de origen no ha sido posible.
La iniciativa supone un nuevo paso en la política migratoria europea, que busca acelerar las devoluciones de personas en situación irregular mediante acuerdos con países de fuera de la UE. El proyecto todavía está en fase de negociación y sus detalles, incluidos los costes y las condiciones de estancia, no están cerrados.
¿Qué países quieren enviar migrantes a Ruanda?
Los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos participan en las negociaciones con Ruanda para establecer el primer centro conjunto de retorno. El anuncio se realizó el 16 de noviembre durante una reunión sobre migración celebrada en Viena.
El plan contempla inicialmente una instalación de pequeña capacidad, con espacio para alrededor de 100 personas al mismo tiempo. Los gobiernos implicados quieren que el proyecto pueda empezar a funcionar en 2027, aunque todavía deben concretar las condiciones del acuerdo con las autoridades ruandesas.
La propuesta se dirige a personas adultas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado las vías legales para permanecer en la UE. También se contempla el traslado de quienes no puedan ser devueltos directamente a sus países de origen.
A diferencia del plan que impulsó Reino Unido en 2022, la iniciativa no pretende trasladar a Ruanda a personas que todavía estén esperando una resolución sobre su solicitud de asilo. El proyecto británico fue finalmente abandonado tras los obstáculos judiciales y políticos.
¿Qué ocurrirá con los migrantes trasladados a terceros países?
Según los detalles planteados por los gobiernos participantes, el centro de Ruanda funcionaría como una instalación abierta. Las personas trasladadas recibirían formación lingüística y otro tipo de apoyo durante las primeras semanas para facilitar su integración en el país.
Una vez allí, podrían incorporarse a la sociedad ruandesa y acceder al mercado laboral o regresar a sus países de origen. Las condiciones concretas de alojamiento, asistencia y permanencia todavía están pendientes de negociación.
El proyecto también plantea interrogantes sobre las garantías jurídicas de las personas trasladadas y la responsabilidad de los países europeos una vez que los migrantes se encuentren fuera de sus fronteras.
Organizaciones como Human Rights Watch han criticado la iniciativa por el historial de derechos humanos de Ruanda y han advertido de los riesgos que puede implicar trasladar allí a personas vulnerables. También cuestionan que existan mecanismos suficientes para supervisar el respeto de sus derechos.
¿Qué permite la nueva normativa europea sobre deportaciones?
La iniciativa se apoya en el nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea, que establece un marco común para acelerar las devoluciones de personas que no tienen derecho a permanecer en los Estados miembros.
La normativa, aprobada por el Consejo de la UE el 1 de octubre de 2026, permite a los países establecer centros de retorno en terceros países mediante acuerdos o mecanismos de cooperación. Estas instalaciones pueden servir como destino final o como lugares de tránsito desde los que organizar la devolución al país de origen.
El texto también establece que los acuerdos deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves. Los menores no acompañados quedan excluidos de estos acuerdos.
Además, el reglamento refuerza las obligaciones de las personas sujetas a una orden de retorno y permite que los Estados miembros reconozcan y ejecuten decisiones de expulsión dictadas por otros países de la Unión.
¿España participará en el plan de deportaciones a Ruanda?
España no figura entre los cinco países que han anunciado su participación en las negociaciones con Ruanda. El proyecto es, por el momento, una iniciativa de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.
No obstante, la nueva normativa europea establece un marco común que permite a los Estados miembros explorar acuerdos similares con terceros países. Esto no significa que todos tengan que participar en el proyecto ruandés ni que exista un centro de retorno operativo para el conjunto de la Unión.
La puesta en marcha del plan dependerá de que los gobiernos participantes cierren las negociaciones y concreten las garantías jurídicas, las condiciones de funcionamiento y la financiación de las instalaciones