El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado la “colaboración de todos” para hacer efectivo el derecho a la vivienda y poder cerrar las actuaciones de oficio que la institución mantiene abiertas con distintas administraciones en esta materia. Ha avisado de que “solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo” para asegurar el acceso a una vivienda digna.
Gabilondo ha intervenido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde ha presentado el informe anual de la institución, que detalla 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 personas a lo largo del ejercicio.
El Defensor ha detallado que a finales de junio de 2025 se pusieron en marcha actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas del país. Se les solicitó información sobre las medidas ya implantadas o previstas para garantizar el acceso a vivienda protegida y asequible y para aumentar el parque público residencial. “Esta actuación sigue abierta”, ha precisado, recalcando que se “necesita para eso también la colaboración de todos”.
Según el Informe, las principales causas del problema son la escasez de vivienda pública y social, “muy inferior a la media europea”, en palabras de Gabilondo, y la falta de ayudas “eficaces” junto con los retrasos en su tramitación. El documento recoge que muchos ciudadanos exponen que no pueden acceder a una vivienda a precios de mercado y que se ven obligados a soportar “esperas interminables” en los procesos de adjudicación de vivienda pública y protegida.
Jóvenes y familias vulnerables, los más afectados
Gabilondo ha remarcado que la situación golpea especialmente a jóvenes, personas con rentas bajas y familias vulnerables, que “deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda”. Ha añadido que el problema “se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado”.
Ante este escenario, el Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones con competencias en vivienda a incrementar el parque público destinado al alquiler, agilizar y mejorar la gestión de las ayudas, asegurar procedimientos de adjudicación transparentes y fijar límites al alquiler turístico. También ha incidido en la necesidad de reforzar la protección de las personas vulnerables en los procesos de desahucio, “sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales”.
Ha subrayado igualmente su preocupación por las personas que han acudido a la institución comunicando un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En este punto, ha advertido de que entre las personas sin hogar figuran ciudadanos con empleo o con pensiones públicas que se ven “empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres”. A su entender, “la respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria”.
Gabilondo ha añadido que “no puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes”.
Alerta por “situaciones de desamparo” en la infancia
En otro bloque de su intervención, Gabilondo ha advertido sobre las “situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes” que recoge el Informe Anual correspondiente a 2025. Ha pedido a las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado que trabajen de forma decidida por “la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España”.
En relación con la protección de menores, el Defensor ha destacado que los casos de desamparo detectados “llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro”.
En esta línea, ha dirigido una recomendación a las administraciones competentes para que “se realicen todas las actuaciones necesarias de comprobación y de intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar”, coordinándose con los servicios sociales municipales y los centros educativos, después de constatar experiencias en las que “no está seguro de que esto se haya realizado así”.
También ha recordado que en 2025 se reabrió la actuación de oficio sobre violencia sexual en el sistema de protección y que se volvió a requerir información a las administraciones competentes para “actualizar los datos recabados en 2023”. Sin embargo, ha lamentado que “todavía estaban pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas”.
Ha rememorado que “el año 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran en el amparo del sistema de protección”.
Asimismo, ha aludido al monográfico sobre la infancia extranjera en España presentado en 2025, en el que la institución consideró imprescindible avanzar hacia la “plena integración” de toda la infancia extranjera que reside en el país, tanto la que vive con sus progenitores como la que ha realizado “su periplo migratorio sin referentes adultos”. A su juicio, “ese debería ser el objetivo -y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado”.
Educación, mayores, discapacidad y otros retos
En el ámbito educativo, Gabilondo ha explicado que la equidad y la atención integral al alumnado “deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes, si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático”. Ha reiterado que “los recursos son limitados, pero los gestores públicos deben tener la sensibilidad de asignarlos correctamente, priorizando a quienes más los necesitan”.
Entre los asuntos destacados del Informe aparecen también el apoyo a las personas mayores, las dificultades que afrontan los solicitantes de protección internacional, el trato dispensado a la comunidad gitana, las reclamaciones vinculadas al grado de discapacidad, así como cuestiones relacionadas con la trata de seres humanos y el medio ambiente.