La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha precisado este martes en el Congreso que en la jornada del apagón de 2025 ya estaban en vigor mecanismos regulatorios “suficientes” para gestionar la tensión del sistema eléctrico y que en ningún momento se produjo un “vacío normativo”.
Durante su intervención ante la comisión de Economía del Congreso, Fernández ha expuesto algunas de las actuaciones que Competencia ha desarrollado en relación con el cero energético registrado el 28 de abril de 2025, subrayando que el sistema contaba con herramientas regulatorias y técnicas plenamente operativas.
Entre los puntos que ha abordado figura el Procedimiento de Operación 7.4, que regula en España el servicio complementario de control de tensión en la red de transporte de electricidad y cuya actualización no se publicó hasta un mes después del apagón, pese a que existía un marco normativo aplicable el día del incidente.
La responsable de la CNMC ha reiterado que el sistema no se encontró “en ningún momento” sin cobertura regulatoria y ha recalcado que el 28 de abril de 2025 estaba vigente un procedimiento de operación de obligado cumplimiento en materia de control de tensión, conocido tanto por los agentes del sector como por el operador del sistema.
Según ha explicado, esto implica que el 28 de abril de 2025 los instrumentos regulatorios y técnicos disponibles “eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema”, por lo que no hubo un vacío de normas que dejara desprotegido al sistema eléctrico.
Revisión del procedimiento desde 2020
Fernández ha señalado que la CNMC venía trabajando sobre este procedimiento de operación con anterioridad a la propuesta formal de Red Eléctrica y hasta su posterior publicación, y que el proceso de modificación arrancó con un primer contacto entre la CNMC y el operador del sistema en 2020.
La presidenta ha remarcado que el mercado energético ibérico de abril actual “no se parece en nada” al de hace cinco años, ni siquiera al de hace dos, ni al que se prevé dentro de un año. “Está en constante evolución, y nuestra función consiste en adaptar la regulación a esa realidad evolutiva del mercado, mejorando los mecanismos regulatorios”, ha indicado.
También ha destacado que esa adaptación regulatoria “debe hacerse con garantías, siguiendo los procesos necesarios, contrastando las propuestas con el sector, tanto en consultas públicas como en reuniones de los grupos de trabajo o utilizando cuando sea necesario proyectos piloto o sandbox regulatorios”.
En la parte final de su intervención, Fernández ha recalcado que, pese a la transformación del mercado, el sistema ha contado en todo momento con los instrumentos necesarios para asegurar una gestión adecuada del sistema eléctrico.
Un apagón de origen “multifactorial”
En paralelo, Fernández ha detallado que, aunque se han abierto varios expedientes sancionadores por el apagón tanto a compañías eléctricas como al operador del sistema, Red Eléctrica, el episodio tuvo un origen “multifactorial”.
“El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”, ha explicado, antes de relatar los pasos que Competencia ha ido dando en relación con el cero energético del 28 de abril de 2025.
En el marco de sus competencias, la CNMC abrió varios expedientes informativos para analizar en detalle las circunstancias que desencadenaron el apagón y determinar los hechos relevantes a la luz de la normativa eléctrica sectorial.
Fruto de ese análisis, Competencia ha identificado diversos indicios de incumplimiento que habrían impactado en el funcionamiento del sistema eléctrico y que podrían constituir infracciones administrativas, lo que ha llevado a la incoación formal de expedientes sancionadores.
Análisis masivo de datos y fase de instrucción
La presidenta del organismo ha subrayado que la investigación ha exigido revisar más de 13 gigavatios (GB) de información y miles de páginas de documentación, debido tanto a la “complejidad técnica” del suceso como al elevado volumen de datos que ha sido necesario examinar.
Fernández ha indicado que este trabajo se ha realizado a partir de los expedientes informativos propios de la CNMC, de los informes ya emitidos y de su participación en los trabajos del panel de expertos europeos (Entso-e), lo que ha permitido una visión más completa del incidente.
“A partir de este momento, se abre una fase administrativa de instrucción, en la que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas”, ha añadido Fernández, recordando que, por la separación jurídica entre instrucción y resolución, no puede facilitar más detalles sobre el contenido de los expedientes.
Impacto del modo de operación reforzado
Durante la comparecencia, varios grupos parlamentarios han preguntado por el sobrecoste que el denominado sistema de operación reforzado, activado por Red Eléctrica tras el apagón mediante un mayor recurso a fuentes de energía convencionales, ha supuesto en la factura de los consumidores al aportar más estabilidad al sistema.
La presidenta de la CNMC ha respaldado las cifras aportadas por Red Eléctrica, que sitúan el coste de este modo de operación en unos 660 millones de euros, y ha añadido que este importe representa algo más del 4% del coste total de la energía.
Al mismo tiempo, ha señalado que, pese al incremento que este refuerzo puede haber introducido en el recibo de la luz, los precios de la energía se mantienen actualmente por debajo de los niveles de 2023. “Hemos hecho un cálculo estimativo y para un operador en PVPC que tenga un consumo de unos 300 kilovatios hora aproximadamente, el coste de la operación reforzada supone unos cuatro céntimos por día”, ha indicado.
Medidas sobre acceso a la red y proyectos especulativos
En otro orden de cosas, la presidenta de Competencia ha dicho mostrarse “optimista” respecto a algunas de las medidas incluidas en el decreto para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, en particular las relativas al acceso a las redes de transporte de electricidad.
En concreto, ha mostrado su confianza en el efecto de la prestación por reserva de capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que deben abonar los consumidores con permisos de acceso y conexión de demanda.
Fernández ha detallado que dicha prestación ha reemplazado a una línea de avales: “El real decreto ley lo que hace es que sustituye el aval por un pago por uso, es decir, aquellos que tienen contratada la capacidad, tienen que pagar por su uso y el momento en que el proyecto ya sea un proyecto real se les descontará de lo que es el pago de peajes”.
A su juicio, esta medida permitirá que los proyectos con mayor solidez se impongan frente a los que sean “meramente especulativos” o carezcan de verdadera viabilidad. Sumado a la publicación de los mapas de capacidad, Fernández considera que así puede ir “aflorando” la capacidad disponible en el sistema.