La Mesa del Congreso aprobó este martes un acuerdo en el que censura el “ataque” a la Presidencia de la Cámara que la semana pasada terminó con la expulsión del hemiciclo del diputado de Vox José María Sánchez y plantea la necesidad de reforzar el Reglamento del Congreso para dotarse de instrumentos más eficaces frente a este tipo de incidentes. El acuerdo salió adelante únicamente con los votos de PSOE y Sumar, mientras que el PP se posicionó en contra al no aceptarse ninguna de sus aportaciones.
La iniciativa, impulsada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, condena “en los más enérgicos términos” el “intento” de Sánchez García de “intimidar a una funcionaria” —a la que increpó junto al lugar que ocupa en el estrado donde se ubican los miembros de la Mesa en el hemiciclo— y su “ataque” a la Presidencia, que en ese momento ejercía el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Según el acuerdo, estos comportamientos “constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa” y subraya que no se trata de “un hecho aislado”, sino de “un paso más” dentro de una “táctica” orientada a “socavar el funcionamiento del Parlamento a base de generar altercados” y “cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas” con “constantes intentos por alterar su “normal funcionamiento”.
Advertencia de sanciones más severas en caso de repetición
El texto también reprocha que es “frecuente” que Sánchez García “profiera descalificaciones” a otros diputados y que figure entre los parlamentarios que más veces son llamados al orden tanto en el Pleno como en comisión. “Los ataques al Parlamento, a su Reglamento o a su Presidencia no son casuales. Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia. De ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria”, añade.
En esta línea, la Mesa advierte al parlamentario de Vox de que conductas de este tipo “no serán toleradas” y que, en adelante, “serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente”. El pasado martes se le aplicó el artículo 104 y se le impidió regresar al Pleno hasta la jornada del miércoles, pero ahora se le recuerda que, si reincide, podría aplicarse el artículo 106 del Reglamento, que contempla suspender la condición de diputado hasta un mes, un plazo ampliable a propuesta de la propia Mesa.
Además, el órgano rector del Congreso llama a realizar una “reflexión profunda sobre la senda iniciada” porque, advierte, “ataques” de este tipo “rara vez se producen de manera aislada, sino que suelen ser la antesala de auténticos ataques a la democracia y a las libertades de que disfruta la ciudadanía”.
Llamamiento a rebajar la tensión y reforma del Reglamento
En este contexto, la Mesa insta a todos los grupos a reducir el “clima de crispación”. No obstante, PSOE y Sumar puntualizan que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación” y que solo determinadas formaciones han convertido “la crispación en una herramienta política para deslegitimar las instituciones”.
El acuerdo propone que los grupos valoren una posible actualización del Reglamento del Congreso “con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias” y que se estudien “las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario”.
Desde el PP sostienen que su objetivo era alcanzar un consenso a partir del borrador que Armengol les remitió antes de la reunión de la Mesa. Explican que registraron una primera alternativa que incorporaba la propuesta socialista y la ampliaba para “reflejar mejor la realidad del Congreso” y que, tras ser rechazada, presentaron un segundo texto que corrió la misma suerte.
El PP quería denunciar el bloqueo de iniciativas
En ambas propuestas, el PP condenaba la conducta de Sánchez García y respaldaba la censura y las advertencias al diputado, pero también pretendía instar a la Presidencia del Congreso a ejercer “una actuación firme” dirigida a “cumplir y a hacer cumplir” la Constitución y el Reglamento, utilizando las herramientas previstas “para garantizar el respeto al orden y al decoro durante las sesiones y el respeto a los derechos fundamentales en el funcionamiento ordinario de la Cámara”.
En su primer texto, los populares aludían a la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona el bloqueo, mediante la prolongación reiterada del plazo de enmiendas, de la tramitación de proyectos de ley procedentes de decretos ley. El PP denuncia que esta práctica es habitual y, por ello, quería incluir un llamamiento para evitar “que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas”.
En declaraciones a los medios, Armengol ha lamentado que el PP se negara a respaldar su propuesta en la Mesa y que, ya en la Junta de Portavoces, coincidiera con Vox en rechazar la idea de reformar el Reglamento. En cambio, ha asegurado que el resto de grupos han acogido favorablemente la sugerencia, por lo que da por hecho que avanzará “pasito a pasito” en esa dirección.
Por el momento, el PSOE se ha comprometido a impulsar esa modificación del Reglamento, al considerar que la sanción a Sánchez García debería haber sido más severa y que la presidenta no está logrando “éxito” en sus intentos de rebajar la crispación. Así lo ha señalado el portavoz socialista, Patxi López, quien ha reprochado al PP que haya puesto “peros” al texto e intentado “debilitar la verdad” de lo ocurrido. “Las cosas fueron como fueron y las sanciones se las merecía quien se la merecía”, ha remachado.
El Congreso ya tramita una reforma del Reglamento, presentada por el PSOE para regular los lobbies, que incorpora un catálogo de sanciones para diputados. Sin embargo, pese a que los grupos han registrado sus enmiendas, la iniciativa sigue sin despegar.
Vox denuncia “doble rasero” en las sanciones
Por parte de Sumar, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, considera “evidente” que era necesario “repudiar” la conducta de un diputado, que además es juez, que ya fue expulsado en la pasada legislatura por llamar “bruja” a una diputada y que, según ha recordado, suele protagonizar comportamientos “totalmente inadmisibles” y “faltas de respeto ostensibles”.
Pisarello ha criticado que el PP haya “encontrado excusas” para no sumarse a la condena y se ha mostrado “muy a favor” de estudiar cambios en el Reglamento para poder atajar este tipo de actuaciones, “que no tienen tanto que ver con la libertad de expresión, sino con actos, incluso físicos, de desobediencia a las autoridades de la Mesa o de intimidación física”.
“Lo que no puede ser es que la regla sea solamente para uno y no para otro y que se aplique un doble rasero”, ha denunciado la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, insistiendo en que nadie ha “apercibido públicamente” al diputado de ERC Jordi Salvador, al que Sánchez García acusa de haberle llamado “asesino, criminal e ignorante” y de haber provocado así su reacción del pasado martes. “La Presidencia tiene que ejercer su autoridad y poner orden porque en el Congreso se “insulta sistemáticamente a Vox de forma gratuita”, ha concluido.