El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, ha señalado este miércoles, tras conocerse el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha llegado el momento de "regular bien todas las actividades" de los expresidentes del Gobierno y ha recalcado que "cobrar por gestiones políticas es delito".
En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reiterado esta postura y ha admitido que la decisión judicial "no pinta ni huele bien", por lo que considera imprescindible exigir "muchas explicaciones" sobre las actuaciones de Zapatero.
Si este martes varios portavoces de Sumar interpretaban la imputación de Zapatero como un supuesto caso de 'lawfare', tras conocerse el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el portavoz de Justicia ha optado por centrar el foco en otros aspectos. "Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima", ha enfatizado Santiago.
Desde los pasillos del Congreso, ha lanzado además una advertencia: "Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente", ha remachado el diputado de Sumar.
“Hacen falta muchas explicaciones” y reforma del estatuto
Por su parte, Ibáñez ha recalcado que en España "no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas" pero que ahora corresponde actuar con cautela, dado que el "auto no huele bien" y hacen "falta muchas explicaciones".
Al igual que su compañero, el representante de Compromís ha reclamado una reforma del estatuto que regula las actividades de los expresidentes y ha opinado que "no es normal" que se desempeñen cargos en compañías que asesoran a multinacionales sobre cómo acceder a las administraciones públicas, "te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar".
Preguntado sobre si esa exigencia de explicaciones alcanza también al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el diputado de Compromís ha precisado que este asunto "de momento no está en la parte del Gobierno" y se limita al ámbito del "lobbismo", reclamando una ley efectiva que regule de forma clara la actividad de los lobbies.