QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso ha progresado en la aprobación de una reforma legal promovida por Junts, que exige a las compañías con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, ofrecer atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, sin importar su ubicación geográfica.
La iniciativa de la formación catalana se ha incorporado como parte de un conjunto de enmiendas presentadas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. La ponencia responsable del proceso ha celebrado su segunda sesión a puerta cerrada este martes, y planea otra reunión en dos semanas antes de pasar el proyecto a comisión.
Con el apoyo de PSOE y Sumar, se ha añadido una enmienda transaccional al proyecto, según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por los partidos del Gobierno. Esta modificación al artículo nueve de la ley establece que las empresas deberán contar con los recursos necesarios para garantizar los derechos lingüísticos de los clientes, ya sea que el servicio se preste directamente o no.
Además, se requerirá que el personal de atención al cliente posea una formación específica en idiomas cooficiales, responsabilidad de la empresa proporcionar y actualizar esta capacitación conforme a las necesidades del mercado y los avances tecnológicos.
CRUCE DE VERSIONES CON EL GOBIERNO
En septiembre, el partido de Míriam Nogueras confirmó un acuerdo con el Gobierno, pero el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, limitó su aplicación a zonas con lenguas cooficiales. A pesar de esto, Junts ha ratificado la inclusión de sus enmiendas en un comunicado, destacando la protección de las competencias catalanas en consumo y los derechos lingüísticos.
La ley continuará su proceso con una próxima sesión de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde el texto ya incluirá la reforma deseada por Junts y será indivisible en la votación.
La normativa también incluirá medidas contra el spam telefónico, la renovación automática de servicios online y las reseñas falsas, además de regular los precios engañosos en la venta de entradas en internet.
