Desde que en febrero de 2023 entró en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como Ley Trans), un total de 15.818 ciudadanos han solicitado y obtenido la modificación de la mención relativa al sexo en el Registro Civil.
Estos datos figuran en una contestación del Gobierno a una batería de preguntas registradas por Vox en el Congreso, en la que el Ejecutivo detalla el volumen de inscripciones realizadas en los distintos Registros Civiles en relación con el cambio registral de sexo.
El partido que lidera Santiago Abascal también reclama saber cuántas de esas modificaciones corresponden a personas con antecedentes penales y/o policiales vinculados con delitos de carácter sexual, pero el Gobierno evita aportar esa información concreta en su respuesta escrita.
Vox plantea, además, si en el procedimiento se revisan los antecedentes penales y/o policiales de los solicitantes y, en caso de que no se haga, pide explicaciones sobre las razones de esa ausencia de control.
En cuanto al funcionamiento del trámite, el Ejecutivo recuerda que, según lo previsto en el artículo 44 y siguientes de la Ley Trans, “consiste en la realización de dos comparecencias ante el encargado donde se recoge la manifestación del interesado de disconformidad con el sexo mencionado”.