La Comisión de Interior del Congreso ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley del PP que reclama al Gobierno garantizar la ejecución “efectiva” de las órdenes de expulsión de extranjeros. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de Vox y del Grupo Mixto, representado por UPN, y con la abstención de Junts.
En su intervención, la diputada del PP Sofía Acedo ha descrito la situación como “clara y preocupante”, recordando que en España se dictan “decenas de miles” de órdenes de expulsión cada año, pero que solo se lleva a cabo una parte mínima, con tasas que no llegan al 10%. A su entender, estos datos evidencian “un fracaso del sistema” y una “grave dejación de funciones” por parte del Ejecutivo.
Acedo ha advertido además de que este escaso grado de ejecución transmite un mensaje de “impunidad”. “¿Qué mensaje estamos trasladando? Que incumplir la ley no tiene consecuencias y que nuestras resoluciones administrativas y judiciales no se cumplen. En definitiva, que el Estado renuncia a ejercer su propia autoridad”, ha planteado.
El texto presentado por los ‘populares’ recoge varias líneas de actuación: asegurar la ejecución “efectiva” de las órdenes de expulsión, impulsar reformas legales para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o reincidan, reforzar la coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad, revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, y ampliar los medios humanos y tecnológicos disponibles.
“No podemos pedir a nuestros ciudadanos que respeten la ley si el propio Gobierno no garantiza su aplicación, y tampoco podemos permitir que el descontrol en la ejecución de expulsiones termine erosionando la convivencia y la confianza en nuestras instituciones”, ha remarcado la parlamentaria del PP.
Desde el PSOE, Juan Carlos Jerez ha acusado a los ‘populares’ de que el PP “se ha abrazado al trumpismo” y a las posiciones de “la otra derecha internacional”, sosteniendo que su alineamiento con Vox es tal que resultan “intercambiables”. En esta línea, ha reprochado a ambas formaciones que usen la inmigración como “chivo expiatorio” para infundir “miedo”.
“Como todos ellos, se han propuesto alimentar el miedo y el odio y convencer a los españoles de que la inmigración y las personas extranjeras son el mayor peligro y riesgo para nuestro país. Son su chivo expiatorio”, ha afirmado.
El PSOE considera que la propuesta del PP parte de un diagnóstico “simplista” de un “fenómeno muy complejo”. Jerez ha recalcado que la ejecución de las órdenes de expulsión no depende solo de la voluntad política, sino también de límites legales, garantías judiciales, cooperación consular, recursos contenciosos o solicitudes de asilo.
En la misma línea crítica, el diputado de Sumar Félix Alonso ha acusado a los ‘populares’ de “distorsionen” la realidad y de apoyarse en “bulos”. Incluso ha puesto en duda la autoría del texto: “¿Esta iniciativa es suya o de Vox? Es verdad, lo he dicho antes, que soy daltónico, pero su color azul se está averdeciendo”, ha ironizado, reprochando al PP que adopte un discurso cada vez más próximo al de la formación de Santiago Abascal.
Alonso ha censurado además que PP y Vox pretendan “enfrentar a los pobres con los más pobres para sacar rédito político”, frente a lo cual ha defendido la regularización de migrantes y su aportación en el mercado laboral.
Vox, por su parte, registró una enmienda a la proposición no de ley del PP, que finalmente no fue aceptada, por lo que se mantuvo el texto original. El diputado Ignacio Gil Lázaro ha situado la efectividad de las órdenes de expulsión en la reforma del artículo 89 del Código Penal aprobada en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
Gil Lázaro ha asegurado también que España ha sobrepasado “con creces” su capacidad de acogida y ha cargado contra la política migratoria del actual Ejecutivo, al que acusa de provocar un “efecto llamada” con impacto en la sanidad, la vivienda y la seguridad. Su enmienda planteaba, entre otras medidas, derogar el reglamento de extranjería, endurecer los requisitos para la residencia de larga duración, expulsar a inmigrantes que delincan o vivan de ayudas públicas y revocar la nacionalidad en determinados casos.
“Señorías, frente al plan de Sánchez que es papeles, sanidad y ayudas sociales para todos los que han venido o vengan ilegalmente, el plan de Vox es ley, orden, fronteras seguras y prioridad nacional. Prioridad nacional, es decir, los españoles primero”, ha subrayado.
Rechazo a la propuesta para mejorar el sistema de citas de asilo
En otro punto del orden del día, la Comisión de Interior del Congreso ha tumbado la proposición no de ley de Sumar para reformar el sistema de cita previa destinado a formalizar la voluntad de solicitar asilo. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE y sus socios.
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha destacado que el funcionamiento de las oficinas de extranjería y de atención a solicitantes de asilo es esencial para garantizar derechos básicos, en cumplimiento de los tratados internacionales y de los principios constitucionales. No obstante, ha denunciado que estos servicios atraviesan “dificultades”, agravadas por el incremento de peticiones derivado de conflictos internacionales.
“Enfrentamos una falta de medios humanos a la vista del extenso colectivo al que hay que atender y es muy difícil porque no depende de nuestro país conocer cuál va a ser este volumen de llegadas a España”, ha señalado.
También ha avisado del aumento de fraudes y de la reventa de citas, lo que, a su juicio, “una prevención estricta para evitar abusos para personas en situación de máxima vulnerabilidad”. Por ello, Sumar propone reforzar tecnológicamente y en personal las oficinas de asilo y refugio, dotando de recursos humanos, materiales y tecnológicos a comisarías y oficinas de asilo “con el fin de reducir los plazos de espera y asegurar una gestión transparente, gratuita y equitativa del proceso de cita”.
En nombre del PSOE, María Araceli Poblador ha indicado que su grupo comparte “el fondo” de la propuesta”, aunque ha advertido de que ello “no significa que cualquier solución sea la más adecuada”.
Desde el PP, María Eugenia Carballedo ha responsabilizado tanto al PSOE como a Sumar de no haber movido “un solo dedo” para resolver el “colapso” del sistema de citas en los trámites de extranjería.
Por Vox, David García ha rechazado que la propuesta pretenda “eliminar los controles de acceso de procedimientos de asilo sustituyéndolo además por un sistema inmediato, generalizado y permanente”. “Es decir, ustedes quieren intentar solucionar un problema a cañonazos, a las bravas”, ha reprochado.
En representación de Junts, Marta Madrenas ha criticado que la solución pase por un sistema estatal unificado, al entender que implica “más centralización” en un modelo que, a su juicio, ya ha demostrado que “no funciona”. Ha tildado la iniciativa de “maquillaje político” y ha puesto en duda que el problema pueda resolverse solo con mejoras tecnológicas, defendiendo que la salida debe contemplar la transferencia de competencias y recursos en materia de asilo y extranjería a la Generalitat de Cataluña.
Por último, el diputado de ERC Marc-Francesc Álvaro Vidal ha dicho compartir la “diagnóstica” de la iniciativa, pero ha lamentado que se trate de una “oportunidad perdida” para haber ido “un poco más allá”.