El Congreso ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley que reclama al Gobierno que facilite el acceso a los fondos del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y que diseñe un plan específico para la digitalización y consulta en línea de su documentación, dando prioridad a aquellos materiales de mayor valor para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.
La propuesta, promovida por ERC y acordada con el PSOE, ha sido aprobada en la Comisión de Interior con el respaldo de Sumar, Junts, Bildu y PNV, mientras que PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra.
Esquerra presentó esta iniciativa tras hacerse públicas las críticas de sectores académicos y de víctimas de la dictadura por los obstáculos para consultar los documentos del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), donde siguen conservándose fondos procedentes del antiguo Ministerio de Gobernación. A raíz de estas quejas, Sumar también exigió explicaciones al departamento encabezado por Fernando Grande Marlaska.
Cumplir la normativa de transparencia y memoria
Investigadores y víctimas han denunciado problemas para localizar información que, conforme a la legislación vigente, ya debería haberse remitido a los archivos históricos dependientes del Ministerio de Cultura, así como trabas en el acceso derivadas de una “regulación interna obsoleta y restrictiva” que entra en conflicto con la Ley de Transparencia y la de Memoria Democrática. A ello se suman demoras prolongadas en la contestación a las peticiones de consulta, que exceden los plazos legales.
Ante esta situación, el Congreso insta al Ejecutivo a proseguir con la transferencia completa y gradual de la documentación histórica que aún se conserva en el archivo de Interior hacia los archivos históricos competentes y a garantizar el acceso a sus fondos, bien mediante su digitalización, bien a través de su envío al Archivo General de la Administración.
La iniciativa también plantea revisar y actualizar las normas internas del AGMI para adecuarlas a las leyes de Transparencia y Memoria Democrática, además de adoptar los recursos y medidas necesarios para acortar los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a los documentos.
Finalmente, la Cámara reclama al Ministerio del Interior que valore la necesidad de renovar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre el funcionamiento del archivo, incorporando la difusión periódica de datos relativos a las peticiones de acceso, los plazos de respuesta y las resoluciones emitidas.