El Pleno del Congreso ha dado luz verde este miércoles a una iniciativa de UPN que reclama al Gobierno la fijación de un cronograma “concreto” para los trámites aún pendientes de cara a la licitación y adjudicación “urgente” de las obras correspondientes a la segunda fase del Canal de Navarra.
La moción, de carácter no vinculante, ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y Coalición Canaria, mientras que el PSOE, Sumar y otros grupos han optado por la abstención.
El texto aprobado insiste también en el carácter “estratégico y vertebrador” de esta infraestructura de agua para el conjunto de la Comunidad Foral y subraya la importancia de completar su desarrollo aplicando criterios “técnicos, sociales y de interés general”.
En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, UPN reprocha que, tras concluir la primera fase y su posterior ampliación, continúe sin ejecutarse la segunda y última etapa del canal, diseñada para garantizar el suministro a la Ribera de Navarra, una de las áreas más áridas de la comunidad, así como para atender las necesidades de agua de boca e industriales de la mayoría de sus municipios.
Críticas por los retrasos y la ausencia de licitación
En este contexto, UPN defiende que la segunda fase es una intervención “estratégica” cuyo impulso se ha visto lastrado en los últimos años por “parálisis, ambigüedad y retrasos excesivos”, generando “incertidumbre” en ayuntamientos, mancomunidades de aguas, cooperativas, agricultores, empresas y vecinos.
El partido regionalista recuerda que en los últimos años distintos cargos institucionales han realizado anuncios sobre posibles fechas de licitación que finalmente no se han materializado.
Para UPN, la falta de un calendario definido pone de manifiesto una “falta de planificación” que condiciona la ejecución del proyecto y pospone la modernización del suministro de agua para consumo humano, industrial y agrícola en la zona afectada.
En esta misma línea, la formación censura que, aunque el Gobierno de Navarra haya concluido las tareas que tenía encomendadas y el proyecto haya sido “adaptado, actualizado y sometido a distintos procesos administrativos”, el Ministerio continúe sin ofrecer una respuesta clara.
De acuerdo con la iniciativa, siguen sin resolverse decisiones del Ministerio relativas al convenio de financiación con el Ejecutivo foral, al modelo de gestión, a la elaboración del estudio económico-financiero, a los informes de la Abogacía del Estado y a las autorizaciones del Consejo de Ministros.