Junts ha mostrado este martes en el Congreso su apoyo a la proposición de ley de Vivienda registrada por el PP, que contempla, entre otros cambios, acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico y permitir a empresas, bancos y fondos de inversión recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas 'okupadas'. Desde el PNV también han destacado elementos favorables, en especial los dirigidos a evitar la nulidad "en cascada" de los planes urbanísticos.
El debate se ha producido el mismo día en que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan estatal de vivienda 2026-2030. En paralelo, el PP ha defendido en el Pleno del Congreso su proposición de ley, que además propone suprimir varios artículos de la Ley de Vivienda y rebajar el umbral de vulnerabilidad en los procedimientos de desahucio.
La defensa de la iniciativa ha corrido a cargo de la diputada 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán. Durante su intervención, varios miembros del Sindicato de Inquilinas han arrojado panfletos desde la tribuna de invitados mientras reclamaban a gritos una bajada del precio de los alquileres.
Al explicar el contenido de la propuesta del PP, Cruz-Guzmán ha admitido que la proposición de ley no es una "varita mágica" capaz de resolver de inmediato el problema de acceso a la vivienda, pero ha insistido en que se apoya en la que considera la fórmula esencial para empezar a afrontarlo: "Más oferta en el menor tiempo posible".
En este sentido, la diputada ha detallado que el texto persigue avanzar hacia la construcción de un millón de nuevas viviendas, acortar los plazos para obtener licencias de obra de nuevos pisos y atajar la 'inquiokupación' mediante la habilitación de juicios rápidos para bancos y fondos de inversión en casos de inmuebles 'okupados'.
Los ayuntamientos reclaman respaldo
La portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, ha reconocido que su grupo comparte varios de los objetivos de la proposición, como la simplificación de los trámites y el refuerzo de la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico.
Madrenas ha señalado que los ayuntamientos están lanzando mensajes de "socorro" ante una normativa "cada vez más compleja, más larga y más incierta", lo que provoca que los errores en materia de urbanismo se prolonguen durante "décadas".
"Hay que hilar fino y hace falta previsibilidad y seguridad jurídica real", ha remarcado la diputada, que también ha aprovechado su turno para cargar contra las políticas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo de PSOE y Sumar.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha iniciado su intervención recordando que hace un año la Cámara Baja ya votó una propuesta muy similar a la que ahora impulsa el PP, pero entonces llevaba la firma de los independentistas vascos y del PSOE.
"Nos han hecho perder un año en una cuestión que es crucial para la ciudadanía", ha afeado Vaquero al PP desde la tribuna, donde ha rechazado aspectos como la rebaja del umbral de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, ha respaldado la necesidad de reformar la normativa sobre desarrollo urbanístico.
Vox se suma al apoyo con críticas al PP y al Gobierno
El diputado de Vox, Ricardo Chamorro, ha adelantado el voto favorable de su grupo a la proposición, aunque ha aprovechado para lanzar reproches tanto al Gobierno como al PP. Al Ejecutivo le ha acusado de haber limitado la oferta de vivienda con la Ley de 2023, un efecto que, a su juicio, se agravará con la reciente regularización "masiva" de inmigrantes.
"Queremos un modelo que ponga en el centro al español de a pie. Prioridad absoluta para los españoles", ha enfatizado Chamorro, que también ha recriminado al PP que hace un año se opusiera a una iniciativa de Vox para elaborar un informe sobre el impacto de la inmigración en el mercado de la vivienda.
El diputado ha criticado igualmente que los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid, gobernada por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, resultan "prohibitivos" para la juventud. En la misma línea, el parlamentario de UPN, Alberto Catalán, ha cuestionado la política de vivienda del Gobierno central.
PSOE y Sumar cargan contra el modelo de liberalización del PP
En el turno de fijación de posiciones, la socialista María Isabel Pérez Ortiz ha recordado que PSOE y PNV ya registraron una reforma de la Ley del Suelo para frenar la nulidad en cascada y que el PP votó en contra de aquella propuesta.
"Y ahora vienen aquí diciendo que quieren arreglarlo", ha reprochado Pérez Ortiz, quien sostiene que la proposición de ley del PP responde a un modelo que prioriza la especulación frente a lo público y apuesta por construir "más con menos control", una fórmula que, según ha indicado, ya se aplicó con el Gobierno de José María Aznar sin lograr abaratar los precios.
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha rechazado la iniciativa del PP al entender que implica "declarar la guerra a la gente que no puede llegar a final de mes".
Además, ha asegurado que el texto incorpora medidas "salvajes" y "crueles", como la rebaja de los umbrales de vulnerabilidad en los desahucios. "¿Ustedes creen que una familia entera con 900 euros al mes puede vivir?", ha preguntado Ibáñez a la bancada 'popular'.
Bildu acusa al PP de "aporofobia" y el resto de la izquierda se opone
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha denunciado que la proposición representa "liberalismo puro" y elimina la capacidad de los poderes públicos para intervenir en el mercado de la vivienda. Asimismo, ha acusado al Grupo Popular de padecer "aporofobia", es decir, miedo u odio a las personas pobres.
Desde Podemos, Javier Sánchez Serna también ha arremetido contra el texto del PP, al considerar que contiene "maldades" como elevar los umbrales de vulnerabilidad en los desahucios y permitir a bancos y fondos "buitre" expulsar a inquilinos mediante juicios rápidos. "Ya ni disimulan", ha recriminado el diputado morado al grupo 'popular'.
En nombre de Esquerra Republicana, la diputada Etna Estrems ha defendido que las recetas del PP van "en la dirección contraria" de lo que, en su opinión, se necesita para afrontar la crisis de vivienda.
Ha subrayado que la proposición se apoya en una "liberalización máxima" del sector, al no intervenir en el funcionamiento del mercado ni limitar la concentración de inmuebles en manos de grandes tenedores, por lo que ha anunciado el voto contrario de su formación.
También han avanzado su rechazo la diputada de Compromís, Águeda Micó, y el diputado del BNG, Néstor Rego, integrados ambos en el Grupo Mixto.