Los decretos leyes en materia de vivienda se someterán este jueves, 12 de noviembre, a su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso. La cita llega justo un día después de la huelga general por la vivienda y en la antesala del inicio oficial de la campaña electoral, que arrancará a las 0.00 horas del viernes 13.
Como ocurre con cualquier decreto ley, las normas están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso tuvo lugar el pasado 7 de octubre. No obstante, la Constitución obliga a que sean sometidas a convalidación en el Congreso en un plazo máximo de treinta días.
Al estar las Cortes disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente —el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución— la que debe decidir si mantiene o tumba estos decretos.
La fecha escogida para resolver esta cuestión es este jueves, 12 de noviembre. Además de debatir y votar los decretos, está prevista la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que detallará la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030.
Más adelante, la Diputación Permanente deberá volver a reunirse para pronunciarse sobre otros decretos aún pendientes de votación en el Congreso: uno con medidas de protección social y laboral, otro con ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y un último, aprobado este mismo martes, destinado a apoyar a las familias monoparentales.
Mayoría asegurada para el primer decreto, no para el segundo
En lo relativo a la vivienda, se trata de dos decretos diferenciados: uno recoge un conjunto más amplio de actuaciones para intervenir en el mercado ante el encarecimiento de los precios, y el otro introduce cambios sobre el primero para obligar al propietario a abonar una compensación económica al inquilino si decide rescindir de forma anticipada el contrato de alquiler.
El Ejecutivo ya intentó sacar adelante ambas normas a comienzos de octubre de este año, pero se topó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños en los dos textos. Además, el PNV y Coalición Canaria también se posicionaron en contra del decreto que regulaba la indemnización al arrendatario.
El fracaso de aquellas votaciones desembocó en el adelanto electoral al 29 de noviembre. Con las Cortes ya disueltas, el Gobierno optó por aprobar de nuevo los decretos introduciendo ligeros cambios para que no fueran idénticos a los anteriores, con la diferencia de que ahora la votación se celebra en la Diputación Permanente, donde sí cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante, al menos, el decreto más general de medidas.
Este órgano está integrado por 69 diputados. El bloque de izquierdas suma 34 representantes, repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación que agrupa a todo el Grupo Mixto; frente a los 34 escaños que reúnen PP, Vox y Junts.
En este escenario, el voto decisivo corresponde al PNV, que dispone de un representante en la Diputación. La formación vasca ya ha adelantado que, igual que hizo antes del adelanto electoral, respaldará el decreto de contenido más amplio y rechazará el segundo.
De esta forma, el decreto que incorpora la prohibición de desahucios, límites a la actuación de los fondos 'buitre' en la compra de vivienda y bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos podrá salir adelante con 35 votos favorables y 34 en contra. El otro decreto, que regula la indemnización a los arrendatarios, no dispone de mayoría suficiente para ser convalidado.
Préstamos de hasta 50.000 euros y veto a desahucios
Entre las medidas incluidas en el primer decreto figura el mecanismo denominado “Tu Casa”, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que prevé préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de primera vivienda. Esta línea contará con una dotación de 10.000 millones de euros.
Junto a los recursos del ICO, se crea un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de entidades y proveedores sociales. Al mismo tiempo, se endurecen las condiciones para las operaciones de compra especulativa de vivienda por parte de los denominados fondos “buitre”, ampliando su definición y ajustando las excepciones respecto al texto anterior.
Asimismo, el primer decreto establece la prohibición de ejecutar desahucios sobre personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, y regula una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028.
En cuanto al segundo decreto, el texto establece que, una vez superados los cinco años de arrendamiento (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato se prorrogue automáticamente otros cinco años y, en caso de que el casero decida rescindirlo, se deba abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año completo de renta.