QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular utilizará la sesión de control del Congreso del próximo miércoles, que inaugura el período político, para cuestionar al presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y al ministro Félix Bolaños acerca de la conducta ejemplar del Gobierno frente a la corrupción, coincidiendo con el día en que Begoña Gómez, esposa del presidente, comparecerá como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado.
El juez Peinado adelantó la fecha de citación de Gómez del día 11 al 10 de septiembre, acusada por un presunto delito de malversación de fondos relacionado con la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está imputada. Originalmente, el 11 de septiembre estaba programada una sesión plenaria en el Congreso, pero se canceló para permitir que los diputados catalanes asistieran a los eventos de la Diada.
De acuerdo con el registro de preguntas para el próximo Pleno, revelado por Europa Press, la portavoz del PP, Ester Muñoz, interrogará a María Jesús Montero sobre cómo su Gobierno se considera legítimo para enfrentar la corrupción.
Miguel Tellado, secretario general del PP, cuestionará a Félix Bolaños sobre la compatibilidad de su Gobierno con la ejemplaridad y Cuca Gamarra preguntará si la forma de actuar del Gobierno es democrática.
Posteriormente, Cayetana Álvarez de Toledo buscará respuestas sobre si el Gobierno está negociando una reforma de la justicia con un prófugo. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, desafiará a Sánchez con la pregunta «¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?», anticipando un debate en torno a la corrupción y la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Feijóo anunció recientemente una propuesta legal para obligar al Gobierno a presentar los presupuestos y evitar prorrogas mayores a dos años seguidos. Sánchez, a pesar de sus demandas previas a Mariano Rajoy sobre someterse a una cuestión de confianza si no conseguía aprobar los presupuestos, ahora sostiene que continuará en el poder sin disolver las Cortes aunque su proyecto presupuestario sea rechazado.
