Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno que promueva una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a ordenar “de forma clara y homogénea” la mediación incorporada al proceso penal, con “todas las garantías constitucionales”, basada en los principios de la justicia restaurativa y sometida a control jurisdiccional.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Justicia, reclama que esa futura regulación defina “claramente” el ámbito objetivo y subjetivo de la mediación penal, blinde los derechos de las víctimas y evite “cualquier forma de revictimización”.
Además, Sumar plantea asegurar las garantías propias del proceso penal, en particular el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, y subraya la función del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y del interés público.
El grupo también solicita dotar a este sistema público de servicios de mediación penal intrajudicial de recursos humanos y materiales adecuados, impulsar formación específica para todos los operadores jurídicos e incorporar herramientas de evaluación y seguimiento que permitan valorar su impacto en la calidad de la justicia, la satisfacción de las víctimas y la reinserción social.
Integrar la justicia restaurativa en el proceso penal
La mediación penal se concibe como un instrumento de justicia restaurativa orientado a la reparación del daño, la asunción de responsabilidad por parte del infractor y la atención integral a las víctimas, que actúa como complemento de la jurisdicción penal.
El grupo parlamentario recuerda que, en los últimos años, distintas instancias europeas e internacionales, así como sectores doctrinales y profesionales, han insistido en la conveniencia de incorporar de forma sistemática mecanismos restaurativos en el proceso penal, siempre con las debidas garantías constitucionales.
Sumar alerta de que la mediación penal no dispone hoy de una regulación completa y adecuada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que provoca “cierta inseguridad jurídica y desigualdad territorial”, pese a la experiencia acumulada en proyectos piloto y programas de mediación penal intrajudicial promovidos por el Consejo General del Poder Judicial junto con comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.