La presidenta de democracia21, Miriam González Durántez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar la intervención de las instituciones comunitarias ante lo que considera una falta de independencia y profesionalización en los organismos responsables de la gestión, supervisión e investigación del sistema ferroviario español.
La iniciativa llega tras los accidentes de Adamuz, ocurrido en enero y en el que murieron 46 personas, y de Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre, que ha causado al menos 69 víctimas mortales, según recoge la misiva. González Durántez reclama que Bruselas examine las garantías institucionales de los organismos ferroviarios y supervise la independencia de las investigaciones abiertas, además de esclarecer el destino de los recursos europeos destinados a las infraestructuras.
Reclama que Bruselas examine las garantías institucionales de los organismos ferroviarios y supervise la independencia de las investigaciones abiertas
En el escrito, fechado el 1 de noviembre, la presidenta de democracia21 sostiene que los nombramientos en puestos de responsabilidad técnica y administrativa de la Administración, las empresas públicas y los organismos supervisores se han realizado bajo criterios de confianza política, en lugar de priorizar el mérito, la capacidad y la experiencia profesional. A su juicio, esta práctica debilita los mecanismos de control interno y puede dificultar que los profesionales cuestionen decisiones o alerten de posibles irregularidades.
"Los ciudadanos españoles tenemos derecho a confiar en que las decisiones sobre la seguridad ferroviaria se toman con rigor técnico por personas con mérito y capacidad para ello", afirma González Durántez en la carta, en la que también reclama que las causas de las tragedias se investiguen con "absoluta independencia y transparencia".
Cuatro peticiones a la Comisión Europea
Democracia21 plantea cuatro solicitudes concretas a la Comisión Europea. La primera consiste en examinar los procedimientos de nombramiento y cese de los responsables de las entidades ferroviarias españolas, así como las garantías de independencia y competencia profesional de estos organismos. La organización también propone que los informes anuales sobre el Estado de Derecho de la Comisión incluyan una evaluación de la independencia y profesionalización de las administraciones públicas de los Estados miembros.
La segunda petición se dirige a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA). Democracia21 solicita que el organismo realice una evaluación pública y urgente de la investigación del accidente de Adamuz, supervise las garantías de independencia de la investigación de Urda y haga seguimiento de la investigación independiente de Angrois, que la Comisión Europea reclamó tras el accidente de 2013.
En tercer lugar, la organización pide a Bruselas que compruebe si la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) cumple las exigencias de independencia recogidas en el artículo 22 de la Directiva europea 2016/798. La carta plantea que, si fuera necesario, la Comisión recurra a los instrumentos previstos en los tratados comunitarios para garantizar su cumplimiento.
La cuarta solicitud reclama que se haga público el destino y el grado de ejecución de los fondos europeos concedidos a España para mejorar la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria. Democracia21 considera que esta información resulta necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los recursos comunitarios destinados a unas infraestructuras esenciales para la seguridad de los ciudadanos.
El precedente de Angrois y las dudas sobre las investigaciones
La carta recupera el accidente de Angrois, ocurrido en julio de 2013, como antecedente de las preocupaciones sobre la independencia de las investigaciones ferroviarias en España. Según recuerda González Durántez, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea concluyó en 2016 que la investigación realizada entonces no había respetado las garantías de independencia exigidas por la normativa comunitaria y recomendó que se repitiera con las debidas condiciones.
La Comisión Europea instó posteriormente a España a realizar una nueva investigación independiente. Sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rechazó en 2024 reabrir el caso. Democracia21 pregunta en su escrito qué medidas ha adoptado Bruselas ante esa negativa y reclama que se publiquen las actuaciones realizadas.
La organización también pone el foco en la investigación de Adamuz, que comenzó bajo la anterior CIAF y fue asumida posteriormente por la nueva autoridad independiente, la AITAT. La carta considera urgente examinar las garantías institucionales y profesionales de este organismo y de la investigación del accidente de Urda.
"La Unión Europea no debe esperar a que se produzcan tragedias para examinar si las Administraciones responsables de proteger a sus ciudadanos cuentan con las garantías de independencia y profesionalidad necesarias", concluye González Durántez.
Con el envío de la misiva, democracia21 traslada el debate sobre la seguridad ferroviaria al ámbito comunitario y reclama que la respuesta institucional no se limite a esclarecer las causas de los accidentes, sino que incluya una revisión de los mecanismos de supervisión, los criterios de nombramiento y la gestión de los recursos destinados a la red.