El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este lunes el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado “a petición propia”, tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelar datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como el nombramiento de Teresa Peramato para sustituirle al frente de la Fiscalía.
La resolución del Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz se conoció hace veinte días y ayer se difundió íntegramente la sentencia, que le declara responsable tanto de la filtración a los medios del 'email' en el que el empresario y pareja de Ayuso se ofrecía a confesar, como de la posterior difusión de una nota de prensa en la que se le mencionaba expresamente.
La Sala Segunda del Supremo establece en su resolución que el fiscal general del Estado “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, aludiendo así al delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador. Por ello, le impone dos años de inhabilitación para el cargo que desempeñaba, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros en concepto de daños morales al novio de Ayuso.
En consecuencia, el BOE publica el cese de García Ortiz como fiscal general del Estado, acordado mediante el Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre, en el que se precisa que la salida se produce “a petición propia”, después de que este anunciara su intención de abandonar el puesto pocos días después de conocerse el fallo del TS, y se le agradecen “los servicios prestados”.
Además, en el texto se detalla que el Consejo de Ministros de ayer aprobó formalmente su cese, en aplicación de la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al concurrir la causa prevista en el artículo 31, relativa a las incompatibilidades de los integrantes de la carrera fiscal.
Nombramiento de Teresa Peramato
En la misma edición del BOE se hace público el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, mediante el Real Decreto 1140/2025, de 9 de diciembre, también ratificado en la reunión de ayer del Consejo de Ministros.
El artículo 124.4 de la Constitución dispone que el fiscal general del Estado será designado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial, mientras que la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal añade que debe elegirse entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional efectivo.
Peramato ha superado ya todos los pasos exigidos para su designación, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un informe favorable. Posteriormente, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que se valoraran sus méritos y su idoneidad para el puesto. Tras esa comparecencia, el Consejo de Ministros de ayer acordó su nombramiento como fiscal general del Estado.
Perfil progresista y trayectoria en violencia de género
Teresa Peramato cuenta con 35 años de experiencia en la carrera fiscal y es especialmente reconocida por su trabajo en la lucha contra la violencia de género, además de ser considerada una jurista de perfil progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la Fiscalía en 1990 y ha ejercido en distintas plazas —Tenerife, Valladolid y Barcelona— hasta su llegada a Madrid, donde en 2005 fue designada fiscal delegada de la sección de violencia sobre la mujer.
De aquel periodo destaca su participación en el grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual de este organismo, presentado en 2007.
Desde entonces, ha ido asumiendo sucesivos puestos de responsabilidad en esta materia hasta que, en 2021, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la nombró fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. Durante la etapa de García Ortiz, fue también designada fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, cargo que desempeñaba junto a otros tres fiscales.