El Cabildo de Gran Canaria exige al Gobierno cumplir su obligación ante la falta de efectivos por el repunte migratorio

Antonio Morales reclama al Gobierno central más medios y coordinación ante el aumento de llegadas de migrantes y la falta de efectivos en Canarias.

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Patera rescatada por Salvamento Marítimo SALVAMENTO MARÍTIMO
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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reiterado este lunes que el Gobierno central tiene la “obligación” de responder a la “falta de efectivos” que denuncian las organizaciones y asociaciones que atienden a los inmigrantes que arriban a las costas del archipiélago.

En una nota pública, Morales remarca que “hay urgencias que no admiten dilaciones” en las medidas a adoptar “ni deben estar condicionadas por el calendario electoral”, como el rescate de embarcaciones en riesgo, la asistencia a quienes llegan a tierra o “proporcionar una acogida digna”.

Según apunta, las últimas cifras de llegadas a las islas “expresa la intensidad de una situación que exige capacidad operativa, coordinación administrativa y decisiones inmediatas”, además de “mirar más allá del recuento”.

En este contexto, advierte de que “convertir esos números en una controversia partidista, sin atender” a las condiciones de recepción de las personas, “supondría desplazar el debate desde las obligaciones públicas hacia la disputa por el relato”, recordando que Canarias, aunque “puede responder solidariamente”, “no debe quedar obligada a responder en solitario”.

Subraya que “la disposición de las instituciones insulares, de los equipos profesionales y de la sociedad no sustituye la responsabilidad del Estado. Tampoco convierte la proximidad geográfica en un criterio suficiente para distribuir el esfuerzo de acogida”.

Morales incide en que las llegadas a El Hierro y a Lanzarote “tienen consecuencias para Gran Canaria y Tenerife y, en algunos casos, para Fuerteventura, hacia donde se realizan traslados posteriores”, recalcando que “no” se trata de emergencias insulares aisladas, sino de “una realidad compartida que requiere cooperación”. A su juicio, la “solidaridad entre islas constituye una respuesta imprescindible pero tiene límites materiales”.

Detalla que la cooperación territorial “necesita medios y planificación, de lo contrario, corre el riesgo de transformarse en una exigencia permanente de sacrificio” para los territorios más expuestos a la emergencia. Por ello, considera que El Hierro “debe ser compensada”, como ya se ha acordado, mediante ayudas sociales, fiscales, al tejido empresarial y con inversión pública.

Plazas disponibles y presión sobre los recursos en Canarias

Morales recuerda que “existen plazas disponibles” en el Programa de Acogida Humanitaria fuera de Canarias, mientras los recursos del archipiélago “soportan una presión creciente”. Por este motivo, insiste en que la “cuestión central es asegurar” su utilización mediante una coordinación “eficaz”, puesto que mantener los traslados “no representa una concesión excepcional a las islas, sino una manera de distribuir” la respuesta dentro del conjunto del Estado.

Insiste en que el objetivo “no debería ser desplazar personas como si fueran una carga administrativa”, sino articular itinerarios de atención “compatibles con sus derechos y con la capacidad de los servicios”, de modo que dichos traslados “requieren previsión y continuidad”.

En esta línea, recalca que el Gobierno de España “tiene la obligación de atender” los avisos de asociaciones, sindicatos y personal que alertan de la “falta de efectivos y sobrecarga” de trabajo en los dispositivos de acogida y rescate.

“Es una obligación ineludible escuchar a quienes intervienen directamente porque la capacidad real de un dispositivo no se mide únicamente por su existencia formal, sino por sus condiciones de funcionamiento. Un servicio puede estar operativo y, al mismo tiempo, trabajar bajo una presión difícil de sostener. La profesionalidad de sus integrantes no debería utilizarse como argumento para aplazar refuerzos”, añade Morales.

Finalmente, alude a la “responsabilidad compartida” del Gobierno español y la Unión Europea con Canarias, “capaz de conectar rescate, acogida, traslados, cooperación institucional e iniciativas diplomáticas con Marruecos, Gambia, Senegal o Mauritania para prevenir travesías peligrosas y combatir redes criminales”.