La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al informe de la ponencia que modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, con el fin de reconocer jurídicamente la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
En línea con las reclamaciones de las organizaciones sindicales, el texto acordado contempla que los funcionarios de prisiones puedan percibir indemnizaciones por daños personales o materiales, que gocen de presunción de veracidad, que reciban una formación específica teórica y práctica de carácter obligatorio y que dispongan de garantías de seguridad propias del personal laboral.
PSOE y PP han expresado su satisfacción por el amplio acuerdo alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, al entender que responde a una reivindicación histórica de la plantilla penitenciaria y cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos. La excepción ha sido ERC, que ha advertido del riesgo de "ceder ante planteamientos de derecha que al final ocupa la extrema derecha".
"No hacía falta, ya de algún modo son agentes de autoridad y se va a producir un exceso de veracidad y de poder", ha avisado Pilar Vallugera, que ha apelado a la Constitución Española porque obliga a la rehabilitación y "no al castigo".
Tramitación en el Pleno y respaldo mayoritario
El PP ha reclamado que el informe aprobado por la ponencia se eleve al próximo Pleno del Congreso para que la reforma pueda publicarse cuanto antes en el BOE. "Hoy es el momento de decir que estamos todos satisfechos en haber alcanzado este acuerdo", ha señalado el diputado Fernando de Rosa, destacando que a partir de ahora no se va a "negar la presunción de veracidad" a estos empleados públicos.
El representante 'popular' ha criticado las más de 50 prórrogas acumuladas en el Congreso y el Senado, pero ha celebrado que finalmente se haya logrado un consenso en torno a la Proposición de Ley impulsada por el PSOE, a la que se ha adherido también el PNV. Además, ha tenido un recuerdo para Nuria, la trabajadora de cocina asesinada en la prisión de Mas d'Enric.
"Esta Cámara lanza un mensaje de respeto y reconocimiento a quienes garantizan la seguridad, el orden y el funcionamiento de nuestras administraciones penitenciarias, de las que tienen transferencia autonómica y las que siguen dependiendo de la Administración General del Estado", ha afirmado el diputado del PSOE José Luis Aceves.
Críticas, matices y peticiones de mejora
Desde Sumar, Enrique Santiago ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo --rechazadas en la Comisión de Interior, al igual que las de otras formaciones--, aunque ha valorado positivamente el avance en el reconocimiento del conjunto de los trabajadores penitenciarios, remarcando que la medida alcanza a toda la plantilla, incluidos quienes "no tengan calidad de servidores públicos".
En esta línea, Santiago ha insistido en que no se debe perder de vista que la legislación obliga a la reinserción de las personas privadas de libertad y ha recordado que sigue pendiente el traspaso de la sanidad penitenciaria, además de la necesidad de prevenir malos tratos mediante la creación de "espacios seguros" para los internos y para "evitar acusaciones de malos tratos que puedan realizarse sin fundamento".
Vox, por su parte, ha defendido sus enmiendas al dictamen aprobado en la Comisión de Interior, entendiendo que se ha dado un avance relevante, pero "a toda luz insuficiente" al mantener diferencias entre comunidades autónomas.
"Tenemos que aprovechar esta inercia para reivindicar de una vez por todas que nuestros policías y guardias civiles sean agentes de riesgo de una vez por todas", ha reclamado Vox.
La diputada de Junts Marta Madrenas ha recordado que Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria y ha criticado que el Gobierno central imponga "obligaciones para otras administraciones" sin abordar el "déficit fiscal" que, a su juicio, soporta esta comunidad autónoma.