El Pleno del Congreso abordará y someterá a votación el próximo 10 de septiembre la proposición de ley promovida por Sumar para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española. Se trata de un texto que superó el trámite de la Comisión de Justicia con la abstención de PP y Junts y cuya aprobación definitiva llega en medio de la crisis abierta por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y en un contexto especialmente delicado para las relaciones con Marruecos.
La iniciativa, que en su toma en consideración salió adelante pese al voto en contra del PSOE, se eleva ahora al Pleno después de que socialistas y Sumar pactaran el articulado y sumaran el respaldo de sus habituales aliados parlamentarios en la Comisión de Justicia del pasado 23 de julio. Vox se posicionó en contra cuestionando todo el procedimiento, mientras que PP y Junts optaron por abstenerse. Según las estimaciones expuestas por Sumar durante la tramitación, la reforma podría beneficiar a unas 80.000 personas.
Nacionalidad por carta de naturaleza
El texto que se somete al Pleno declara que concurren las “circunstancias excepcionales” necesarias para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no tengan residencia legal en España.
Para acreditar esa condición, se permitirá presentar un DNI español, aunque esté caducado; el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas; un certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado; o certificados de nacimiento, libros de familia y documentos que acrediten haber sido empleado público expedidos por la Administración española en la antigua provincia.
La Comisión de Justicia amplió el catálogo de documentos válidos para probar esa vinculación y posibilitará valorar de forma conjunta certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles, certificados de hospitalización y asistencia médica y cualquier otro documento expedido por una autoridad administrativa española en el que conste el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977.
Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad por este procedimiento dispondrán de un plazo de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de cualquiera de sus progenitores en el Registro Civil para poder optar también a la nacionalidad española.
Dos años de residencia y plazos de solicitud
La norma introduce además cambios en el Código Civil para incorporar a los saharauis entre los colectivos que pueden acceder a la nacionalidad española tras sólo dos años de residencia legal en España, el mismo periodo previsto para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para los sefardíes.
Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, un plazo que podrá prorrogarse un año adicional. El Ministerio de Justicia deberá resolver los expedientes en un máximo de un año y, con carácter previo, recabará informes de los órganos competentes de los ministerios de Interior y Justicia.
La ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obliga también al Gobierno a habilitar, en un plazo máximo de seis meses desde esa publicación, un procedimiento específico dentro de la aplicación informática ya existente para agilizar la tramitación de las solicitudes.
Enmiendas del PP y tensión con Marruecos
Aunque el PP se abstuvo en la votación del dictamen en comisión, los ‘populares’ han optado por mantener vivas ante el Pleno ocho de sus enmiendas, referidas, entre otros puntos, al artículo primero sobre la concesión de la nacionalidad, al procedimiento regulado en el artículo segundo y a la reforma del Código Civil.
El debate parlamentario tendrá lugar cuarenta días después de la entrada masiva de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, una crisis en la que tanto la oposición como los socios del Gobierno señalan la posible implicación de Marruecos, por acción u omisión.
Rabat considera al Sáhara Occidental parte integrante de Marruecos, por lo que rechaza esta nacionalización. Con todo, su propuesta de autonomía para la antigua colonia española cuenta desde 2022 con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE, que abandonó su posición tradicional de impulsar un referéndum de autodeterminación.