El próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un real decreto con el que se articularán las ayudas dirigidas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Paralelamente, el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, remitirá al Ejecutivo un informe técnico en el que se detallan las circunstancias del siniestro.
Según han indicado fuentes de Moncloa a Europa Press, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros para explicar el contenido del informe y detallar el alcance de las ayudas. Respecto al real decreto, desde la Presidencia del Gobierno subrayan que su tramitación se realizará “como sucede en otras tragedias”.
Posteriormente, el martes, Puente acudirá también a la Diputación Permanente del Congreso, donde ofrecerá los datos de los que dispone hasta el momento sobre el accidente y responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios.
En lo relativo al diseño de las ayudas, el Gobierno ya aplicó un esquema similar tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando se aprobaron 136 solicitudes de indemnizaciones destinadas a víctimas y a familiares de fallecidos. Aquel procedimiento contemplaba una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, además de un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
En ese precedente, el Ejecutivo puso en marcha un paquete de apoyo económico valorado en 20 millones de euros, con la finalidad de ofrecer a los afectados y a sus allegados un respaldo material inmediato que ayudara a paliar el impacto financiero derivado del siniestro.
Entonces, el ministro detalló que, en caso de fallecimiento, el importe ascendía a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 euros en concepto de anticipos, cantidades todas ellas exentas de tributación. En los supuestos de lesiones corporales, las compensaciones se fijaron conforme al baremo vigente según la gravedad, y oscilaban entre 2.400 euros para las lesiones de menor entidad y más de 84.000 euros para los casos de máxima gravedad, replicándose esas cuantías en la parte correspondiente al anticipo.
Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determinase las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibieron una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibió 210.000 euros.