El PP sostiene que es “patente” que el Ministerio de Exteriores mantiene “una conducta pasiva y obstruccionista” orientada a la “desobediencia efectiva” de la resolución del Tribunal Supremo que ordenó suspender el voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos'. Asimismo, advierte a las autoridades y funcionarios de que ignorar lo acordado por el alto tribunal podría acarrear multas y penas de prisión de seis a 24 meses.
Así figura en el burofax, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido por el secretario general del PP, Miguel Tellado, a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez. En ese escrito le exige formalmente que “con carácter inmediato y urgente” dé un cumplimiento “real y efectivo” a lo ordenado en los autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre y 12 de octubre sobre la 'law de nietos'.
Este martes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ya denunció que el Gobierno lleva más de un mes sin hacer llegar a la Oficina del Censo “ni un solo dato”, pese a los dos autos dictados por los magistrados, y reclamó que se cumpla “de inmediato lo que ha ordenado el Supremo”. “Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales”, avisó.
El PP apunta a posibles responsabilidades penales de altos cargos
En su burofax, el PP subraya que la “conducta pasiva y obstruccionista” del Gobierno “puede conllevar responsabilidad penales personales” tanto para la directora de Españoles en el Exterior como para “sus superiores jerárquicos”, entre ellos el ministro José Manuel Albares, que “pudieran haber ordenado o alentado esta conducta” de la directora general e “incluso de los inferiores jerárquicos” que “estuvieran colaborando en esta desobediencia”.
Recuerda además que el artículo 118 de la Constitución establece la obligación de acatar las resoluciones firmes de jueces y tribunales y de prestar la colaboración requerida por estos en el procedimiento y en la ejecución de lo resuelto.
Según detalla, las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo en relación con la 'ley de nietos' son ejecutables desde su notificación y han quedado firmes tras rechazarse el único recurso planteado contra ellas. Añade que, una vez vencidos los plazos de cumplimiento, el tribunal podrá “imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado” y “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
En el ámbito penal, prosigue el PP, también se sanciona a las autoridades y empleados públicos que se nieguen a ejecutar resoluciones judiciales. Del mismo modo, recuerda que la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) castiga la actuación de los funcionarios que vulneren “las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral”, con penas de “seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses”.
Requerimientos concretos del PP a Exteriores
Por todo ello, el PP requiere de forma expresa a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que, “con carácter inmediato y urgente, realice todas las actuaciones que sean de su competencia para dar cumplimiento real y efectivo a lo dispuesto por los autos del Tribunal Supremo”.
En primer término, le reclama que traslade a la Oficina del Censo Electoral los datos necesarios para efectuar el desglose de todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, “distinguiendo los expedientes que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio y los iniciados y aprobados al amparo de la instrucción posterior”.
En segundo lugar, le insta a ordenar a los responsables de los registros consulares la emisión de las certificaciones que acrediten la condición de descendiente de exiliado, “referidas al 1 de agosto de 2026 y sin aplicación de la presunción de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, respecto de las personas que la hayan acreditado, y para que comunique a la Oficina del Censo Electoral, antes del inicio del envío de la documentación electoral, la relación de las certificaciones expedidas”.
En tercer lugar, reclama que se ordene a los encargados de los registros consulares que han tramitado expedientes de nacionalidad “la publicación en el tablón de anuncios de cada oficina consular de la parte dispositiva” del auto de 12 de octubre del Supremo, “con la advertencia que el propio auto ordena”, y que “acredite la fecha en que dicha publicación se ha practicado en cada una de ellas”.
Aviso sobre posibles consecuencias penales
El PP indica que las actuaciones solicitadas “deberán haberse realizado” y comunicarse por escrito “antes del día 23 de octubre de 2026”. Recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General obliga a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral a enviar de oficio la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes a partir del 24 de octubre.
“Si en esa fecha la Oficina del Censo Electoral no dispone de los datos que solo esa Dirección General puede proporcionarle, la documentación será remitida indistintamente a los 163.020 electores cuyos efectos electorales están suspendidos, y el incumplimiento de las medidas cautelares devendrá irreparable para las elecciones de 29 de noviembre de 2026”, señala.
El PP reitera que “la pasividad, resistencia, excusa u obstrucción de las autoridades y funcionarios” puede derivar en “su responsabilidad personal, incluyendo la criminal, la cual exigirá el Partido Popular ante los órganos e instancias competentes”.
Respuesta de Albares: acusa al PP de hacer el “ridículo”
Este miércoles, un día después del envío del burofax, el ministro Albares ha reclamado al PP que deje de “acosar” y “amedrentar” a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, asegurando que está haciendo el “ridículo” con su amenaza de llevarles ante los tribunales. A su juicio, lo que pretende el PP es “tapar” sus propuestas electorales, como el recorte de las pensiones.
En una entrevista en “TVE”, recogida por Europa Press, Albares ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al afirmar que los consulados no estaban cumpliendo con la exigencia del Supremo de verificar quiénes adquirieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y descienden de exiliados para poder votar en las elecciones del 29 de noviembre.