El PP ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que analice cómo se están ejecutando las inversiones ferroviarias sufragadas con dinero comunitario, así como los controles de mantenimiento, los planes de modernización de la red y el respeto a las obligaciones europeas en materia de seguridad, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y el más reciente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.
Los eurodiputados del PP, con su secretaria general, Dolors Montserrat, al frente, han presentado una amplia batería de preguntas en el Parlamento Europeo para aclarar si las inversiones anunciadas por el Gobierno y financiadas con fondos europeos se han materializado en infraestructuras y sistemas de protección plenamente operativos.
Para los populares, las dudas acumuladas sobre la ejecución real de las inversiones, el desempeño de los sistemas de protección y la vigilancia del gasto europeo hacen imprescindible que el Ejecutivo dé explicaciones ante la Comisión Europea.
El partido subraya que las instituciones comunitarias deben comprobar que los compromisos asumidos por España se corresponden con actuaciones efectivamente realizadas y que el dinero de los contribuyentes se ha destinado al fin para el que fue aprobado.
INVESTIGACIÓN “EXHAUSTIVA”
En este contexto, los populares reclaman transparencia, auditorías y una revisión “exhaustiva” de las inversiones ferroviarias, así como la “asunción de responsabilidades” si las pesquisas detectan algún tipo de irregularidad.
En particular, piden a Bruselas que revise el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, las posibles deficiencias en los procedimientos de seguridad ferroviaria y el papel de las autoridades españolas en la gestión de los fondos europeos.
Igualmente, solicitan datos pormenorizados sobre los recursos comunitarios vinculados a los contratos investigados por la Fiscalía Europea tras los siniestros de Adamuz y Urda, y sobre el grado real de ejecución de las inversiones previstas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El propósito es determinar cuánto dinero europeo se ha destinado a los contratos bajo investigación, qué verificaciones se han llevado a cabo para asegurar que los trabajos se realizaron correctamente y si la Comisión tiene intención de impulsar auditorías específicas y exigir la devolución de los fondos en caso de confirmarse un uso irregular.
Los populares también fijan el foco en el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar los sistemas de señalización y protección ferroviaria de la línea Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. La iniciativa recuerda que el plazo de ejecución concluía en enero de 2026 y que, sin embargo, diez meses después el LZB seguía en servicio.
¿SE HAN TERMINADO LAS ACTUACIONES APROBADAS?
Además, el PP pide a la Comisión que verifique si las actuaciones estaban realmente finalizadas, instaladas, probadas y listas para su explotación cuando el Gobierno declaró cumplido el hito 87 del Plan de Recuperación, requisito indispensable para desbloquear nuevos desembolsos de fondos europeos.
Otras de las cuestiones planteadas instan a Bruselas a comprobar si los mecanismos de supervisión españoles se ajustan a la normativa comunitaria, si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas cumplen las exigencias vigentes y si considera oportuno emitir recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar la seguridad ferroviaria.
Las iniciativas también reclaman explicaciones sobre los fondos europeos aún pendientes de ejecución. Señalan que, al cierre de 2025, el Ministerio de Transportes mantenía sin utilizar 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 61,8% de los recursos asignados, y recuerdan las deficiencias en los sistemas de gestión y control de Adif señaladas por el Tribunal de Cuentas.