El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que dé explicaciones por haber encargado a la empresa pública Tragsa la gestión de la regularización "masiva" de inmigrantes, una labor que, a su juicio, debería recaer en los funcionarios de la Administración. Considera que el Ejecutivo tendría que "reforzar de manera estable las plantillas" en lugar de acudir a la externalización de tareas mediante esa entidad.
"El Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para hacer frente a más de un millón de solicitudes que se prevé que pueda haber. Han generado un colapso y, a través del colapso, se va a provocar un coladero", ha declarado a Europa Press la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
La dirigente del PP sostiene que "utilizar Tragsa" constituye la "última improvisación que se ha sacado de la chistera" el Ejecutivo de Sánchez y subraya que "no es legal" porque "no tiene competencias para hacerlo".
Según Gamarra, "lo están denunciando los propios funcionarios, los sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: esta revisión de expedientes debe caer sobre quienes tienen potestad pública, sobre funcionarios. No le corresponde a Tragsa".
Críticas a la regularización y al uso de Tragsa
"UN COLADERO DE DELINCUENCIA"
La vicesecretaria popular reitera que esta regularización de migrantes "va a ser un coladero de delincuencia" porque, a su entender, el Gobierno "ha colapsado la Administración por aprobar este decreto sin aportar los medios y recursos suficientes".
"Por desgracia, el Gobierno ha vuelto a demostrar que su única política se basa en la improvisación y la falta de escucha, y que su única respuesta es la victimización para intentar culpar a otros de su incompetencia", ha aseverado.
Desde el PP reprochan al Ejecutivo que, en lugar de aumentar de forma estable unas plantillas "mermadas", haya optado por un "plan de choque" sustentado en horas extra, ampliaciones de horario de atención al público por parte de los empleados públicos y externalización de funciones a través de entidades públicas como Tragsa, "trasladando la presión a unos servicios públicos ya tensionados".
Veto a la enmienda del PP sobre refuerzo de personal
DENUNCIA EL VETO A LA ENMIENDA DEL PP QUE PEDÍA REFORZAR PLANTILLAS
En este contexto, los populares censuran que el Gobierno vetase la enmienda del PP aprobada por el Senado en la Ley de Multirreincidencia, que pretendía precisamente reforzar las plantillas para afrontar la regularización.
Según el PP, el Ejecutivo justificó el veto alegando que exigir un certificado de antecedentes penales para acceder a posibles autorizaciones de estancia y trabajo de carácter temporal obligaría a incorporar en torno a 400 nuevos funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, "con un supuesto coste estimado cercano a 17 millones de euros".
Por ello, el partido emplaza al Gobierno a explicar cómo sostiene ese veto a la enmienda parlamentaria "mientras que niega que el proceso de regularización masiva que afecta potencialmente a más de un millón de personas tenga ningún impacto presupuestario". A su juicio, esa postura "evidencia una contradicción difícilmente justificable".
Preguntas en el Congreso sobre el plan de choque y su coste
BATERÍA DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO: COSTE TOTAL DEL PLAN DE CHOQUE
El Grupo Popular ha presentado una batería de preguntas en el Congreso —suscritas por Gamarra y las portavoces de Justicia e Interior en la Cámara Baja, María Jesús Moro y Ana Vázquez, entre otras diputadas— para que el Ejecutivo detalle qué planificación de recursos humanos ha diseñado para dimensionar este proceso y cuántos efectivos adicionales de carácter estructural prevé sumar en las brigadas de extranjería y en el resto de servicios implicados.
Además, el PP reclama conocer el coste total del plan de choque basado en horas extraordinarias, ampliaciones de jornada, refuerzos temporales y externalizaciones, así como la comparación con el gasto que habría supuesto una planificación estructural de personal.
También demanda que el Gobierno explique qué razones le llevan a recurrir a la externalización de funciones mediante entidades como el Grupo Tragsa en vez de reforzar de forma estable las plantillas.
Los populares piden igualmente que el Ejecutivo aclare qué evaluación ha realizado sobre el impacto de este proceso en la carga de trabajo y en la calidad del servicio de las unidades afectadas, y qué medidas prevé adoptar para "evitar el colapso operativo advertido por las organizaciones sindicales".
"¿Dispone el Gobierno de un informe de impacto sobre la capacidad operativa de las comisarías de la Policía Nacional para evitar el colapso de las unidades de extranjería y documentación ante el incremento de carga de trabajo derivado del proceso de regularización extraordinaria?", es otra de las cuestiones planteadas por el PP en la Cámara Baja, a las que ha tenido acceso Europa Press.