El PP ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que se le permita consultar la información que la sociedad estatal Correos traslada cada día al Ministerio del Interior acerca de la evolución de las peticiones de voto por correo.
En una nota pública, el PP no pone en duda que Interior reciba ese informe diario, pero demanda que esos mismos datos se compartan “al mismo tiempo, con el mismo nivel de detalle y en las mismas condiciones” con la JEC y con todas las candidaturas que participarán en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Para los populares, se trata de “información especialmente relevante” en pleno periodo electoral, ya que recoge la evolución diaria de las solicitudes de voto por correspondencia, las cifras de entrega de la documentación a los electores y los votos remitidos a las Mesas, además de la comparación con comicios anteriores.
El partido recuerda que una orden ministerial de 2025 fijó que esos datos se remitiesen únicamente al Ministerio del Interior, algo que, a su entender, otorga “ventaja” e “información privilegiada” a los socialistas frente al resto de formaciones.
“En unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras --argumentan--. La información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos”.
Interior defiende el control del proceso
Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que Correos remite a este departamento, como responsable de coordinar los procesos electorales en España, información relativa al cumplimiento de las obligaciones postales ligadas a la celebración de elecciones, entre ellas las asociadas al voto por correo.
Según subrayan a Europa Press estas mismas fuentes, esto se realiza “con la única finalidad de verificar el correcto funcionamiento de las actuaciones que tiene encomendadas el servicio postal”.
Interior precisa que el Consejo de Ministros aprueba cada año un acuerdo de imposición de obligaciones postales a Correos, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante una Orden del Ministerio de la Presidencia, y en el que se incluye este tipo de requerimientos.
Este acuerdo se adopta en aplicación de la competencia exclusiva del Estado en materia postal prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. “Solo el Gobierno de la Nación puede imponer estas obligaciones al operador postal que tenga encomendado el servicio postal universal con el objetivo de salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales”, han precisado desde Interior.