El PSOE de Cantabria ha denunciado “una cacería política” dirigida contra su presidenta y exconsejera de Sanidad, María Luisa Real, y ha responsabilizado al Ejecutivo autonómico del PP, presidido por María José Sáenz de Buruaga, de “poner en la diana” a quienes defienden la sanidad pública.
Así lo ha manifestado su portavoz, Ainoa Quiñones, tras la información publicada este domingo por El Diario Montañés sobre la investigación abierta a Real por posibles citas falsas en su agenda médica y la petición del PP de su cese “fulminante” como presidenta de los socialistas cántabros.
En una nota de prensa, Quiñones ha puesto en cuestión la actuación de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y la difusión pública de “una denuncia anónima” y de la apertura de una investigación “sin que se haya puesto en conocimiento de la persona investigada”.
La dirigente socialista ha salido en defensa de la exconsejera y ha sostenido que “nadie que la conozca puede creerse que establece citas para no atender a pacientes, porque quienes la conocen como profesional sanitario saben que lo que hace es todo lo contrario, trabajar de más”.
En este sentido, ha indicado que “los hechos que denuncian es que los servicios informáticos reconocen que hay registros horarios fuera de su horario laboral en el propio centro de salud”.
Seguimiento de pacientes y uso de la agenda
Para la portavoz socialista, “como ellos mismos reconocen, el sistema informático demuestra que establece citas fuera de su jornada laboral o que se marca recordatorios en la agenda con los que hace seguimiento de los pacientes”.
“Lo que hace Luisa Real en su agenda es hacer un seguimiento de los pacientes y establecer citas de libre disposición, que como su nombre indica, son de libre disposición, para llevar un control del historial clínico de cada paciente. Eso es lo que el Gobierno de Buruaga dice que está investigando”, ha señalado.
A su juicio, “antes de lanzar acusaciones o alimentar sospechas sobre una profesional sanitaria”, lo que procede es “esclarecer los hechos, garantizar sus derechos y actuar con rigor”. En la misma línea, ha advertido de que “no se puede convertir una denuncia que ellos mismos reconocen que no puede acreditarse en una condena pública”.
“Campaña de desprestigio orquestada” y contexto político
Quiñones ha añadido que la presidenta del PSOE está estudiando las acciones a emprender “para defender su honor frente a esta campaña de desprestigio orquestada”.
Según la portavoz, el Gobierno de Buruaga, a través del Servicio Cántabro de Salud, “lleva desde septiembre cocinando esta noticia, primero sembrando la duda para ahora ponerle nombre”.
Ha insistido en que “su único objetivo con esta denuncia es correr una cortina de humo para tapar los escándalos de su privatización sanitaria”, y ha denunciado que “van por capítulos para intentar darle carta de veracidad a esta fábula para intentar tapar las vergüenzas de sus recortes y privatizaciones”.
La dirigente socialista ha subrayado además que “esta polémica coincide primero con las derivaciones de pacientes a la sanidad privada y ahora con un Gobierno en desbandada”.
En este punto, ha recordado que “primero se publicó una denuncia anónima y, un mes más tarde, cuando el Gobierno de Buruaga atraviesa una situación política marcada por las salidas de responsables públicos hacia Madrid, se pone nombre y apellidos a la profesional investigada. La secuencia de los acontecimientos no deja lugar a dudas”, ha afirmado.
En su opinión, “todo evidencia la intencionalidad política de la denuncia y la intencionalidad mediática de su difusión”.
Críticas a la política sanitaria y defensa de la trayectoria de Real
La portavoz del PSOE de Cantabria ha vinculado “esta polémica fabricada” con las críticas a la política sanitaria del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, al que acusa de “impulsar recortes, deteriorar la pública y favorecer la privatización de la asistencia sanitaria”.
Ha remarcado que “por mucho que Buruaga intente desviar la atención, los cántabros saben cuál es su modelo sanitario. Ya lo aplicó cuando fue consejera y lo está volviendo a aplicar como presidenta: más presión sobre la sanidad pública y más inversión en la privada”.
Quiñones ha alertado de que “la sanidad pública de Cantabria está en riesgo” y ha expresado su “preocupación” por que también pueda estar en riesgo “la tranquilidad profesional y la reputación de quienes la defienden, como Luisa, a la que están persiguiendo políticamente”.
Ha recalcado que “los profesionales sanitarios necesitan garantías, respeto y procedimientos rigurosos, no sospechas difundidas antes de tiempo”, y ha considerado “inaceptable” convertir “a quienes piensan diferente en objetivos de sospechas públicas”.
En su intervención, ha añadido que “Cantabria merece un Gobierno que defienda sus servicios públicos y respete a quienes trabajan por ellos, no una política de señalamiento que termine dañando tanto a las personas como a la confianza en las instituciones”.
Por último, Ainoa Quiñones ha puesto en valor la “extraordinaria trayectoria profesional y la calidad humana de Luisa Real”, recordando su etapa como consejera de Sanidad y directora general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), cuando se desplegó el sistema de la Ley de Dependencia en Cantabria.
Ha concluido destacando que “Luisa Real ha dedicado su vida al servicio público y a la sanidad pública. Incluso pudiendo estar jubilada, ha decidido seguir trabajando con el mismo compromiso que ha demostrado siempre”.