España carece de una ley estatal específica contra el acoso escolar pese a las demandas crecientes de familias de víctimas

España sigue sin contar con una ley integral estatal contra el acoso escolar a pesar del repunte de denuncias, de la creciente preocupación social y de la presión de familias y asociaciones que reclaman un marco jurídico uniforme frente al bullying y el ciberacoso en los centros educativos. El vacío normativo contrasta con el despliegue de otras leyes sectoriales, como la violencia de género o la protección digital y alimenta el debate político.

Actualmente, la respuesta estatal se articula principalmente a través de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que obliga a los centros escolares a disponer de protocolos internos, planes de convivencia y la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Sin embargo, expertos y colectivos afectados coinciden en que se trata de una herramienta insuficiente para abordar la especificidad del acoso entre iguales.

Las competencias educativas autonómicas agravan la desigualdad territorial. Las normativas internas, los plazos de actuación, los criterios para catalogar un caso y el acceso a apoyo psicológico varían según comunidad, lo que provoca que familias con situaciones similares reciban respuestas dispares en función del lugar donde residen.

Por su parte, la dimensión digital acelera y agrava el problema. El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, refuerza la persecución del ciberacoso, amplía la protección penal y obliga a sistemas de control parental. No obstante, no es una ley específica contra el acoso escolar: su foco es la seguridad digital en sentido amplio, dejando sin resolver cuestiones educativas, procesales y asistenciales vinculadas al entorno escolar.

Las familias de víctimas van más allá. Reclaman:

• Reconocimiento jurídico expreso del acoso escolar
• Plazos máximos de respuesta y resolución administrativa
• Acompañamiento psicológico garantizado para alumnado afectado
• Unificación de protocolos y estándares mínimos en todo el país
• Responsabilidad clara de los centros cuando no actúen diligentemente

Asociaciones especializadas alertan, además, de un fenómeno preocupante: la invisibilidad de casos que se archivan como “conflictos de convivencia” pese a tratarse de violencia reiterada, lo que dificulta su trazabilidad estadística y evita actuaciones disciplinarias.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene que la LOPIVI ofrece un paraguas legal suficiente y atribuye la mejora de la respuesta a la implementación progresiva de las medidas en colegios e institutos. Las comunidades autónomas, por su parte, argumentan la necesidad de respetar su margen regulatorio.

La presión social y mediática ha provocado que varios grupos parlamentarios estudien fórmulas para tipificar y homogeneizar criterios. Sin embargo, por ahora ninguna iniciativa en trámite constituye una ley integral de acoso escolar como tal.

Protesta ante el Congreso

La ausencia de una norma estatal específica deja a España en una zona gris legislativa: más protegida que hace una década, pero sin una respuesta holística comparable a otras áreas de violencia. Y las familias insisten: mientras no exista una ley propia, el sistema seguirá actuando tarde, mal y de forma desigual. Su descontento ha llegado este jueves a las puertas del Congreso, donde familias de niños y niñas fallecidos por culpa del bullying se han concentrado al mediodía coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

El objetivo de la concentración, convocada por la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, era, precisamente, exigir a los responsables políticos la aprobación urgente de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos.

¿Qué se hace en otros países?

A día de hoy, muy pocos países disponen de una ley nacional, específica y unificada contra el acoso escolar (bullying) comparable a lo que reclaman las familias de víctimas en España. Lo habitual es que el fenómeno se regule dentro de leyes más amplias de convivencia educativa, infancia o violencia en general. Ejemplos destacados: