El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reiterado este domingo, con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su “implicación directa y su firme compromiso” con la puesta en práctica de este tratado internacional, especialmente en lo relativo al artículo 32, dedicado a la cooperación y la participación en el ámbito exterior.
Durante los últimos ocho años, España se ha situado entre los países que “mayores esfuerzos ha realizado para la aplicación de la Convención”, según ha señalado en un comunicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.
Esta “conquista colectiva” de los derechos de las personas con discapacidad en España, tal y como la ha calificado en distintas ocasiones el ministro, se ve “consolidada” al integrar la discapacidad en la acción diplomática, en los acuerdos internacionales y en la agenda multilateral. Este impulso tomó forma en 2022 con la creación de la Embajada en Misión Especial para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que convirtió a España en el segundo país del mundo en disponer de una representación específica de este tipo.
España y la consolidación de la Convención de la ONU
La discapacidad figura como “eje trasversal y prioritario” tanto en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, como en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028. Exteriores ha recordado que se cumplen 20 años desde que Naciones Unidas aprobara la Convención para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad a escala global.
Con este texto se dejó atrás el modelo centrado en el enfoque médico-rehabilitador para avanzar hacia una perspectiva social y transversal, orientada a garantizar la vida independiente y la igualdad de oportunidades respecto al resto de la ciudadanía. España ratificó la Convención en 2007 y la hizo suya el 3 de mayo de 2008, fecha que en 2019 fue declarada como Día Nacional de la Convención España.
“Desde su adopción han sido muchas las reformas normativas, el diseño de estrategias y la puesta en marcha de planes para la implementación de la Convención en España”, ha subrayado el ministerio, que ha puesto de relieve que el Gobierno aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para reconocer el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual.
En 2020 se modificó el Código Penal para eliminar la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, en su mayoría mujeres, y ese mismo año se dio luz verde a la LOMLOE, que sitúa la Educación Inclusiva como una prioridad de la política pública.
La reforma del Código Civil y de las leyes procesales de 2021 suprimió la figura de la tutela y estableció sistemas de apoyo para que las personas con discapacidad intelectual puedan adoptar sus propias decisiones en el ámbito de la justicia.
Finalmente, Exteriores ha destacado el reconocimiento “más importante”: la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada en 2024, para adecuar su redacción a la terminología de la Convención, sustituyendo el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”.