El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. Una norma, que de ser aprobada en los términos previstos por el Gobierno fija por ley un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en la ESO, reduce la carga lectiva del profesorado y obliga a adaptar plantillas y recursos hasta 2032. Se trata de un límite estatal vinculante, que deberán aplicar todas las comunidades autónomas, y que supone rebajar los topes actuales (25 y 30, respectivamente).
El texto, que fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre, también incluye una reducción de la jornada lectiva del profesorado:
- Infantil y Primaria: máximo de 23 horas semanales
- Secundaria y etapas posteriores: máximo de 18 horas
Desde el Gobierno señalan que el objetivo es liberar tiempo para preparación de clases, coordinación y atención individual al alumnado. Otra de las claves de la norma es que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) pasará a computar como dos plazas a efectos de ratio. Esto obligará, en la práctica, a crear más grupos, incrementar plantillas docentes y ajustar recursos educativos.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra del ramo, Milagros Tolón abogó por una “educación más personalizada y de calidad”. Sobre las novedades de la norma, Tolón aseguró que “mejorará sin duda la calidad de la docencia y el tiempo con el que se cuenta para trabajar con cada estudiante”. “Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, añadió.
Además, defendió que la reducción de horas lectivas del profesorado es clave para “dignificar la profesión docente y mejorar las condiciones en las que enseñan nuestros profesores”.
¿Y ahora qué?
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la norma será remitida a las Cortes en los próximos días. Allí, el primer obstáculo será el debate de totalidad en el Congreso. A la espera de conocer la decisión de PP y Vox, Junts ya anunció que presentaría enmienda de totalidad a todos los proyectos gubernamentales. Si el proyecto de ley es admitido, proseguirá su tramitación en la Comisión de Educación. Concluidos los trabajos, volverá al Pleno y después será el turno del Senado.
Sobre su tramitación parlamentaria, la ministra de Educación expresó su confianza en que las Cortes Generales “sabrán estar a la altura”.
Si el Ejecutivo logra los apoyos necesarios y en los tiempos que espera, la nueva normativa se empezaría a aplicar de forma progresiva a partir del curso 2026-2027 hasta el curso 2031-2032. Este calendario busca dar margen a las comunidades para adaptar infraestructuras, personal y presupuesto.
Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se subraya que el proyecto de Ley “refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas (CCAA)”.
En esta línea, el departamento recuerda que ya en 2019 trasladó a las CCAA una recomendación sobre las ratios, pero “no todas lo adoptaron”. “Por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional”, ha señalado.
Al margen de esta norma, Tolón ha avanzado que Educación está desarrollando otras actuaciones para elevar la calidad del sistema y mejorar la situación del profesorado en ámbitos como las competencias profesionales docentes, los sistemas de acceso e ingreso en la función pública docente, la formación permanente del profesorado y la reducción de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas.