Irene Montero apuesta por intervenir la vivienda para bajar los precios y apela a la Constitución

Irene Montero reclama intervenir el mercado de la vivienda, crear un gran impuesto a la vivienda vacía y redirigir gasto militar a pensiones y servicios.

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La candidata de Podemos a las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, en una imagen de archivo Ricardo Rubio - Europa Press
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La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha reiterado su apoyo a una intervención decidida del mercado de la vivienda en España con el objetivo de “bajar los precios de los alquileres” y sacar al mercado de alquiler social “miles” de pisos “que ahora mismo están acaparando de forma ilícita los fondos buitre”.

“Ya es hora de que utilicemos esa habilidad constitucional para la cual nos habilita la Constitución”, ha señalado este lunes ante los medios en Elche (Alicante), donde tiene previstas reuniones con distintos colectivos “que defienden el derecho a la vivienda”.

En su visita, Montero ha mostrado su respaldo a Compromís-Front Valencià y ha comparecido ante la prensa acompañada por las candidaturas por Alicante de María Teresa Pérez (Podem) y Natxo Bellido (Compromís), además de la portavoz de la coalición valencianista en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez.

En relación con esa intervención del mercado, ha sostenido que duda “mucho” de que la Unión Europea (UE) “quisiera oponerse a la aplicación estricta de la Constitución” en España. “Pero honestamente, si lo hiciera, creo que necesitamos un Gobierno valiente”, ha añadido.

En esta línea, ha remarcado: “Nosotras sí nos vamos a atrever a ir a Europa a explicarles con mucha tranquilidad que a nosotras nos han elegido para garantizar precios justos de la vivienda y no para hacer caso a los negocios de quienes defienden, en ese caso, en la Comisión Europea (CE)”.

“Gran impuesto a la vivienda vacía” y fin de beneficios fiscales

Dentro del paquete de medidas sobre vivienda, Montero ha detallado que su formación plantea “crear un gran impuesto a la vivienda vacía” y “eliminar todo tipo de beneficios fiscales a los rentistas”, a los que se ha referido como “regalos fiscales”.

“Proponemos crear un nuevo gran impuesto a la vivienda vacía para que las personas que tienen vivienda vacía paguen el cuádruple de lo que pagan ahora por esas viviendas. No puede ser que en nuestro país haya muchísimas personas, millones, que tienen serias dificultades para encontrar una vivienda en alquiler, que no tienen casa, y que haya, mientras tanto, prácticamente cuatro millones de vivienda vacía en nuestro país”, ha señalado.

A continuación ha recordado: “Hemos propuesto bajar el precio de los alquileres un 40 por ciento, expropiar más de 650.000 viviendas a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social, hemos propuesto que se prohíba la especulación, que solo se puedan comprar casas para vivir, prohibir los pisos turísticos”.

Según ha subrayado, “ese es un problema que también nos estamos encontrando en el País Valencià y en Alicante, pero se trata de hacer todo lo posible desde todos los frentes para facilitar que las casas sean para vivir”.

Crítica a los “regalos fiscales a caseros” y defensa del artículo 128

Montero ha incidido en que, a su juicio, “esta medida va acompañada” de “una eliminación de todos los regalos fiscales a los caseros”, porque considera que “no puede ser que la única manera de que los caseros pongan una vivienda a un precio asumible sea regalarles dinero público que necesita ir a la sanidad, a la educación, a garantizar un buen sistema de pensiones”.

“Necesitamos, en definitiva, que haya un cambio profundo económico y también cultural, un cambio económico y cultural que entienda que los negocios se hacen con vino o con relojes, no con las viviendas”, ha remarcado.

La candidata de Podemos ha puesto el foco en “el artículo 128” de la Constitución, que establece “que toda la riqueza del país sea cual sea su titularidad, pública o privada, está en manos del interés general y, por tanto, habilita al Estado, no solamente en materia de vivienda”, sino “en cualquier sector estratégico de la economía, ya sea la energía, ya sea la alimentación, también, por supuesto, la vivienda, a intervenir el mercado para garantizar los derechos de la gente”.

Ha recordado además que “normalmente se acepta con mucha tranquilidad que el mercado se intervenga, por ejemplo, cuando los bancos están en crisis y entonces les tenemos que prestar dinero los ciudadanos y las ciudadanas para rescatarlo y luego además no nos lo devuelven”.

En este punto ha afirmado: “La banca en este país, que está teniendo beneficios récord, milmillonarios, de 35.000 millones de euros, le debe a la ciudadanía en el Estado español 100.000 millones de euros que todavía no ha devuelto”.

Situación del calzado en Elche y críticas al gasto militar

Durante su comparecencia en Elche, Montero ha destacado que este municipio es “una de las ciudades que sostiene la producción y la fabricación de calzado” en España.

Ha señalado que “esa es una economía sostenida por mujeres” que trabajan o han trabajado en el sector y que se encuentran en condiciones “muy precarias” e incluso “sin un reconocimiento de sus enfermedades profesionales, con unos salarios muy bajos, muchas veces sin los contratos adecuados” y dentro de una “economía sumergida”.

“Necesitan que haya un Gobierno que se atreva a hacer las cosas que hay que hacer”, ha defendido, “en lugar de querer, como está proponiendo Donald Trump, como está proponiendo la OTAN, como está proponiendo Europa, y como está haciendo el Gobierno actualmente, gastar en armas 36.000 millones de euros”.

En relación con este asunto, ha denunciado: “Los últimos consejos de ministros han sido un escándalo. 2.200 millones en armas, 4.200 en el siguiente consejo de ministros, 11.900 en el siguiente consejo de ministros. Nosotras pensamos que ese dinero tiene que servir para garantizar pensiones, para subir las pensiones no contributivas de muchas mujeres, como las que viven en Elche y sostienen esa economía en Elche, y para tener empleos dignos y salarios dignos y condiciones de vida dignas, también precios justos de los alimentos y, por supuesto, para atajar la crisis de vivienda”.