La comisión del Congreso encargada de analizar los atentados yihadistas ocurridos en Cataluña el 17 de agosto de 2017 ha dado por concluida la fase de comparecencias sin llegar a citar, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y ha iniciado la redacción de sus conclusiones con la vista puesta en que queden aprobadas a mediados de junio.
Fuentes parlamentarias citadas por Europa Press señalan que los grupos han optado por cerrar los interrogatorios sin agotar el listado de comparecientes inicialmente pactado. Además de Puigdemont y Rajoy, tampoco han llegado a acudir la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ni el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias, entre otros nombres previstos.
Esta comisión se constituyó el 28 de febrero de 2024 como una de las contrapartidas incluidas en el acuerdo alcanzado en agosto de 2023 entre PSOE, Junts y ERC, con el fin de asegurar los apoyos necesarios para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y apuntalar una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara.
En ese mismo pacto se contempló otra comisión para investigar las denominadas 'cloacas' de Interior, con especial atención a la llamada 'Operación Cataluña', pero dicha comisión permanece bloqueada y lleva ya un año sin recibir comparecientes.
Veintena de comparecientes y línea de investigación de Junts
Desde diciembre de 2024 y hasta junio de 2025, la comisión sobre los atentados ha tomado declaración a alrededor de una veintena de personas, entre ellas exdirectores y altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como Félix San Roldán y Luis García Terán; exministros del Partido Popular como José Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo; así como exconsellers de Interior, entre ellos Joaquim Forn.
También han pasado por la comisión el excomisario José Manuel Villarejo, el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, agentes implicados en la investigación de los atentados, representantes de las víctimas, letrados, periodistas, responsables de la mezquita de Ripoll (Girona) donde ejerció Abdelbaky Es Satty, considerado cerebro de la matanza, y Mohamed Houoli Chemnal, uno de los condenados que cumple condena en la prisión de Córdoba.
Villarejo, procesado en la causa de la 'Operación Kitchen' y en otros procedimientos, fue quien deslizó la tesis de que el atentado yihadista de 2017 "se les fue de las manos" al CNI, que entonces tenía buena parte de sus esfuerzos volcados en hacer frente al desafío independentista en Cataluña.
Los interrogatorios impulsados por Junts, principal impulsor de la comisión, han seguido precisamente esa línea. Los trabajos quedaron en suspenso entre el verano pasado y febrero, en gran medida porque en noviembre la formación de Puigdemont rompió con el Gobierno y dejó de registrar nuevas solicitudes de comparecencia.
Antes de las fiestas navideñas, el presidente de la comisión, Txema Guijarro, diputado de Sumar, se puso en contacto con los portavoces de los distintos grupos para recordar que la Cámara tenía un compromiso con las víctimas y urgirles a decidir si continuaban con las declaraciones o pasaban ya a negociar un texto de conclusiones.
En febrero, las formaciones acordaron reactivar las comparecencias —se recibieron cuatro testimonios más— y la semana pasada dieron por cerrada esta fase. La Mesa de la comisión ha fijado el 9 de junio como fecha límite para que cada grupo remita su borrador de conclusiones y el día 16 está prevista una reunión de los comisionados para votar lo que se pretende que sea un informe final consensuado.
Parálisis en la comisión sobre las 'cloacas' del Estado
En paralelo, la comisión sobre las llamadas cloacas del Estado lleva un año sin actividad. Su última sesión tuvo lugar el 19 de mayo de 2025, cuando comparecieron el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.
En octubre, cuando estaba a punto de expirar su mandato, el Pleno acordó prorrogarla un año más para que pudiera continuar sus indagaciones, pero nunca retomó sus trabajos. Detrás de esta inactividad se apuntan dos razones principales. Por un lado, Junts reclamaba que la comisión empezara a investigar de inmediato el llamado 'caso Pegasus' y la "actividad policial y parapolicial de persecución al independentismo por motivos políticos" que, según denuncia, "ha continuado bajo el Gobierno del PSOE".
Los socialistas rechazaban abrir esa nueva línea y, posteriormente, en noviembre, la ruptura formal de Junts con el Gobierno hizo que el partido dejara de exigir la reactivación de la comisión. De este modo, ni se profundizó en la 'Operación Cataluña' ni se llegó a iniciar la investigación sobre Pegasus que esta comisión había heredado de otro órgano creado específicamente al inicio de 2024 para abordar ese asunto, pero que terminó clausurándose sin emitir conclusiones.