La familia de Guillem Agulló, el joven de 18 años asesinado por un grupo neonazi en 1993 en Castellón, ha solicitado formalmente al Gobierno que lo declare víctima del terrorismo y que asuma la responsabilidad del Estado por la respuesta judicial e institucional que se dio a su caso.
En una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los familiares denuncian la "impunidad" del crimen y reclaman que se incluyan informes periciales "independientes" para valorar su reconocimiento.
El escrito, presentado públicamente en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, recorre los 33 años transcurridos desde el asesinato y el acoso sufrido desde entonces por el entorno de Guillem. "Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado", ha señalado su madre al cierre del acto.
Los familiares han subrayado que Guillem era un joven antifascista "comprometido con los valores de la justicia y la igualdad". Fue asesinado la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando cinco miembros del grupo neonazi 'Marchalenes IV Reich' le acorralaron y le asestaron una puñalada en el corazón.
La familia critica que el juicio celebrado en 1995 concluyera con la absolución de cuatro de los cinco procesados y la condena por homicidio del autor material de la puñalada, Pedro José Cuevas, a 14 años de cárcel, de los que solo cumplió cuatro. La sentencia describió los hechos como "pelea juvenil" y no apreció el componente político del crimen, pese al criterio de la jueza instructora y de la Fiscalía.
También relatan las amenazas y el hostigamiento que padecieron durante años por parte de sectores de la extrema derecha valenciana, y recuerdan que el asesino de Guillem siguió vinculado a ambientes ultras tras abandonar la prisión.
En abril, la familia presentó ante el Ministerio del Interior una petición para que Guillem sea reconocido como víctima del terrorismo. Sin embargo, censuran que el departamento haya solicitado informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón y que el primero de ellos se haya posicionado en contra.
Ante esta situación, los familiares reclaman que se incorporen dictámenes periciales "independientes" y que el Ministerio "cumpla" con sus obligaciones. "El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir", sostienen en la carta, en la que instan al Ejecutivo a que "asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados".
Respaldo de representantes políticos
El acto ha contado con la presencia de representantes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, y los diputados de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, quienes han reclamado igualmente el reconocimiento de Agulló como víctima del terrorismo.
Rufián ha indicado que han acudido para acompañar a la familia y ha subrayado que el asesinato de Guillem "quedó prácticamente impune". A su juicio, el caso ilustra buena parte de lo ocurrido en España en las últimas décadas.
Micó, por su parte, ha denunciado la normalización de los discursos de extrema derecha y ha criticado que la televisión pública valenciana vetase la emisión de la película sobre Guillem Agulló prevista para este lunes. "Cuando gobierna la derecha y la extrema derecha, los derechos individuales los dejan de lado completamente", ha afirmado.
Ibáñez ha defendido que el reconocimiento sería un gesto de reparación por parte del Estado hacia la familia de un joven asesinado "por ser antifascista, por tanto, por ser demócrata". En esta línea, ha recordado que, "como dice Consuelo Ordóñez, quien se hace cargo de todas las víctimas del terrorismo, respeta a las víctimas del terrorismo".