La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, responsable de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y resultaron heridas más de 120, ha convocado para este jueves a especialistas de Iryo y Renfe, junto a técnicos de otras compañías y a los peritos judiciales, para llevar a cabo en sede judicial la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos almacenados en los registradores jurídicos de ambos trenes, es decir, las cajas negras.
De acuerdo con la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha solicitado al departamento de Informática que facilite a los técnicos todos los medios requeridos por Hasler Rail --fabricante de los equipos-- en la fecha fijada para la práctica de dicha diligencia.
En ese mismo documento, la magistrada precisa a Hasler Rail que el informe técnico que debe entregar dentro del plazo establecido, en su condición de fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y suministrador de las herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, “deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--”.
Asimismo, la jueza indica al resto de técnicos que participen --salvo los peritos judiciales-- en la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de las cajas negras de los trenes Alvia e Iryo siniestrados, que su dictamen “deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación”, según consta en una providencia de 6 de noviembre a la que ha tenido acceso Europa Press.
Primera apertura de las cajas negras en Madrid
Las instalaciones de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid fueron el escenario, el pasado 5 de marzo, de la apertura inicial de las cajas negras de los dos trenes implicados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de su contenido, así como la obtención de los datos de las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del tren Iryo.
En esa resolución, la jueza permitió utilizar cualquier aplicación informática que comprobara “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El volcado, extracción y examen de la información se llevó a cabo en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para continuar con las pesquisas y remitiendo otra de forma inmediata al órgano judicial.
Finalmente, se decidió no trasladar los equipos de grabación hasta las dependencias judiciales de Montoro para evitar los riesgos asociados a un posible transporte del material a la localidad cordobesa.
Contratación del software y asistencia de Hasler Rail
A mediados de mayo, la magistrada remitió oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que, “con carácter urgente”, el órgano administrativo competente adoptara las medidas necesarias que permitieran a este juzgado, “a la mayor brevedad posible”, disponer de las aplicaciones informáticas y del personal de la empresa fabricante imprescindibles para descifrar las cajas negras de los dos trenes.
En esa providencia, y atendiendo “el estado de las actuaciones”, la jueza reclamó el acceso a los ‘softwares’ Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia, cuyas licencias de instalación y uso pertenecen a Hasler Rail, además de “personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”.
A comienzos de junio, la Junta de Andalucía acordó asumir por un importe de 1.980 euros más IVA el coste de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, con el fin de disponer de los recursos necesarios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de la información contenida en los registradores jurídicos de ambos trenes.
La resolución de la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba detalla que se trata de un ‘software’ cuya licencia de instalación y uso es propiedad de Hasler Rail, por lo que la “pericia sólo puede realizarse por esta”.
El documento añade que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.
En esta línea, el Gobierno andaluz solicitó un presupuesto a Hasler Rail, que lo remitió de forma pormenorizada por un total de 1.980 euros, IVA no incluido.