Los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana han expresado su inquietud ante la expansión y diversificación de la delincuencia organizada trasnacional y han coincidido en que para afrontarla es imprescindible una “acción coordinada”.
Esta postura queda recogida en uno de los comunicados especiales aprobados durante la Cumbre Iberoamericana celebrada este miércoles y jueves en Madrid.
En el texto, los mandatarios manifiestan su “preocupación por la expansión, diversificación y creciente capacidad de adaptación de la delincuencia organizada transnacional que afectan la seguridad de las personas, sus derechos humanos, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la democracia y el crecimiento económico”.
Del mismo modo, constatan que “la delincuencia organizada transnacional puede operar mediante redes transfronterizas que abarcan delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión, la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, el contrabando, los delitos que afectan el medio ambiente, la minería ilegal y la ciberdelincuencia, entre otros”.
A partir de este diagnóstico, los líderes iberoamericanos subrayan que “su prevención y combate requieren una acción coordinada de los Estados” y precisan que dicha respuesta conjunta debe desarrollarse “en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como de los demás instrumentos internacionales pertinentes”.
Además, puntualizan que esta actuación común frente al crimen trasnacional ha de ejecutarse “con pleno respeto de la soberanía, el Derecho Internacional aplicable, los Derechos Humanos, el debido proceso y los ordenamientos jurídicos nacionales”.
En esta línea, remarcan “la importancia de fortalecer, de conformidad con el Derecho Internacional e interno de cada Estado, la cooperación policial, judicial, aduanera, migratoria, financiera, tributaria y fronteriza, así como el intercambio oportuno y seguro de información entre las autoridades competentes” y abogan igualmente por impulsar “una mayor coordinación entre INTERPOL, AMERIPOL, EUROPOL, y otras instancias y mecanismos de cooperación”.
Paralelamente, consideran prioritario “privar a los grupos delictivos organizados de sus capacidades financieras y logísticas mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades financieras y tributarias, las autoridades de Inteligencia, la investigación del lavado de activos, la detección, el congelamiento, el aseguramiento, el decomiso y la recuperación y el retorno de bienes, la trazabilidad de mercancías, la seguridad portuaria y el control de las cadenas de suministro, así como la prevención del desvío de armas y municiones a receptores no autorizados”.