La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de vetar el uso de gas lacrimógeno en el control de manifestaciones tras la polémica por las cargas de la huelga general del 11N ha desatado el malestar de los sindicatos de la Policía Nacional, que denuncian que se pone “bajo sospecha” a los agentes. Para el sindicato mayoritario entre los mandos, esta decisión “es dejar a los agentes vendidos e indefensos”.
El SUP ha criticado que “ya está bien de presentar como abuso policial cualquier uso de la fuerza. Los agentes están obligados a actuar ante situaciones de violencia y no pueden hacerlo cada vez con menos herramientas y menos respaldo institucional”, según ha trasladado en declaraciones a Europa Press, dejando claro que no se oponen a que se investiguen posibles irregularidades.
Las actuaciones policiales con gas lacrimógeno durante el 11N llevaron a sindicatos y formaciones de izquierda a exigir la dimisión de Marlaska. Fuentes de Interior han confirmado este jueves la apertura de una investigación y que se han cursado instrucciones para que, “en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes”.
Las organizaciones policiales remarcan que resulta “especialmente doloroso” que esta medida llegue pocos días después de la muerte de un agente y de su perro en acto de servicio en Oviedo, tras un tiroteo y la explosión de una mochila, episodio que había reactivado su demanda de que se reconozca la profesión de riesgo.
En este contexto, recuerdan que las protestas del 11N se saldaron con policías heridos y 47 detenidos por disturbios en intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil, a los que se suman otros arrestos practicados por Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, superando así el centenar de personas arrestadas.
Ven inadmisible la postura de Marlaska
El SUP sostiene que “consideramos inadmisible que la respuesta del ministro del Interior, tras una jornada marcada por graves alteraciones del orden público y decenas de policías heridos, sea poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención”.
Insisten en que “los policías no pueden ser siempre los primeros en asumir los riesgos y los primeros en ser cuestionados por su propio Ministerio. Exigimos protección, respeto y respaldo institucional”.
El SPP, sindicato mayoritario entre los mandos, se ha sumado a las críticas. Aseguran estar “profundamente indignados, cansados y hartos de ver cómo, una vez más, se utiliza a la Policía Nacional como moneda de cambio política”.
Para esta organización, “retirar herramientas operativas como el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz”.
El SPP reclama que el Gobierno y el Ministerio del Interior dejen de señalar a los agentes cuando son ellos quienes “se juegan la vida”. Exigen “respeto institucional, respaldo jurídico y un cese inmediato de la desautorización pública”.
Exigen la dimisión del ministro del Interior
Jupol, otro de los sindicatos policiales, ha respondido a la prohibición del gas lacrimógeno y a la investigación interna reclamando la dimisión inmediata de Marlaska por investigar a los agentes “mientras es incapaz de dar el pésame por el asesinato de un compañero en Oviedo”.
Según este sindicato, “Marlaska vuelve a demostrar que está más preocupado por fiscalizar las actuaciones policiales que por respaldar a los profesionales que se juegan la vida cada día para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Jupol recuerda que los medios coercitivos de la Policía Nacional son herramientas reglamentarias facilitadas por la Administración y que su uso debe ajustarse a criterios de necesidad, proporcionalidad y congruencia.
En esta línea, subrayan que “el gas lacrimógeno constituye un medio coercitivo de intervención que permite, en determinadas circunstancias, actuar manteniendo la distancia y evitando el contacto físico directo con los individuos violentos”, reprochando, como otros sindicatos, que se abra una investigación sobre los agentes sin que desde Interior se haya emitido una “condena de la violencia contra los policías”.