QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles en el Congreso que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tuviera «cualquier conversación o visita» de Leire Díez, la exconcejal del PSOE que buscaba información comprometedora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También ha dicho que no cree que las filtraciones procedan de esta unidad policial y ha instado a la autoridad judicial a abrir una investigación.
En su réplica a PP y Vox durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso, el ministro se ha desvinculado, además, de un audio que figura en el sumario del ‘caso Koldo’ en el que el exasesor de José Luis Ábalos avisó en noviembre de 2020 a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, de que quería reunirse con ella un «chico» que vendría de parte de Fernando Grande-Marlaska, y que estaría interesado en hacerse cargo de «90 inmuebles».
«Respecto a las preguntas que me han hecho, a todo no; incluso la directora de la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se negó cualquier conversación o cualquier visita de Leire Díez», ha comentado Marlaska. «Y respecto a lo que ha dicho de mí y a esa conversación, ya le digo que eso es falso; es falso porque ni conozco a esa persona ni en los términos que usted ha indicado he hecho algo», ha apuntado tras mencionar el PP el nombre de «Antonio Miguel» como ese supuesto «chico» interesado en inmuebles de Adif.
PP Y VOX: QUE LA DIRECTORA DIMITA
PP y Vox han puesto el foco en las presuntas reuniones y conversaciones mantenidas por la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la exconcejal del PSOE Leire Díez, la «fontanera» que han colocado bajo las órdenes del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, investigado ahora por presuntas mordidas en el ‘caso Koldo’.
«Solo esperamos que la directora de la Guardia Civil salga de la cloaca para dimitir», ha expuesto la diputada del PP Ana Vázquez, que también ha preguntado por cuestiones reflejadas en el sumario del ‘caso Koldo’ a raíz del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, como las referencias del exasesor de José Luis Ábalos a un «chico de Marlaska interesado en 90 inmuebles de Adif» o las conversaciones sobre política migratoria con el director de la Policía, Francisco Pardo.
El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro también ha afeado el «silencio cobarde y cómplice» sobre supuestas reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez cuando esta última buscaba información para «cargarse al teniente coronel Balas», responsable de delitos económicos en la UCO, o sobre la «manipulación» para atribuir a un exagente de esta unidad la intención de colocar una bomba lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde el PP también se ha vinculado a Santos Cerdán con los acercamientos de presos de ETA y UPN ha cuestionado la gestión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quien Marlaska ha defendido por su «capacidad profesional». Además, ha señalado que es la autoridad judicial quien refrenda en última instancia las decisiones de la administración penitenciaria.
LOS SOCIOS DEL GOBIERNO ACUSAN A LA UCO
Los socios parlamentarios del PSOE, por su parte, han puesto en el foco en supuestas irregularidades de la UCO por filtraciones interesadas. «No me lo creo que proceda de la UCO y hay más posibilidades», ha contestado Marlaska en su réplica, donde ha reiterado que él cree en la «imparcialidad y neutralidad».
«Si yo diera la orden de investigar, que podría ser factible, se diría que trato de inmiscuirse; quien tiene que hacerlo son la autoridad judicial y los fiscales», ha continuado, admitiendo que las «filtraciones hacen mucho daño».
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha sido el primero en señalar a la UCO al sostener que esta unidad de la Guardia Civil es la culpable de las filtraciones y de adelantar contenido sensible que luego figura en informes remitidos a los jueces. «Alguien dosifica informes de UCO coordinado con PP y Vox», ha dicho.
«Esto sólo ha podido salir desde dentro de la UCO; actúan con fines políticos traicionando sus responsabilidades como policía judicial», ha añadido Santiago, pidiendo al ministro que tomara medidas.
También ha mencionado a un exjefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, ahora responsable de seguridad internacional de Acciona, para indicar que es la «única empresa que no han querido registrar» pese a los indicios que apuntan a mordidas en adjudicaciones junto a Servinabar.
FALTA DE VALENTÍA
ERC, Junts y EH Bildu también han lamentado la «falta de valentía» del Ministerio del Interior para hacer frente a agentes policiales que, según ellos, actúan como la «mafia» al margen de la legalidad porque forman parte de las «cloacas del Estado».
En este punto, han reprochado que el PP «espiara» a adversarios políticos y pusiera en marcha operaciones como ‘Kitchen’, pero apuntando también al actual Gobierno y al PSOE porque han permitido el «mayor caso de intervención de teléfonos usando Pegasus o programas similares», según ha dicho Jon Iñarritu.
ERC ha aprovechado la comparecencia para reclamar una vez más la cesión de la Jefatura de Policía de Barcelona en Vía Laietana para convertirla en un lugar de memoria democrática. Marlaska, sin embargo, se ha limitado a decir que este edificio está «resignificado» desde hace más de 40 años gracias a los hombres y las mujeres de la Policía que «garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos de Barcelona y dotándole del servicio que estos requieren en el día a día».
