El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido este lunes en que el decreto ley sobre vivienda que el Gobierno remitió a los grupos parlamentarios la pasada semana, y cuya aprobación se ha pospuesto a septiembre, era “una auténtica temeridad” y equivalía a “una amnistía urbanística para los grandes pelotazos”.
En una comparecencia ante los medios en la sede de la formación, Fernández ha reiterado su crítica al Ejecutivo por intentar “colar por la puerta de atrás” una modificación de la Ley del Suelo mediante una norma que, según ha señalado, suponía “tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda”.
El dirigente de Podemos ha subrayado que su partido, junto a otros grupos de izquierda, ya frenó en el Congreso la tramitación de esa reforma de la Ley del Suelo, que ahora “el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando”.
Según ha denunciado, el texto permitiría “legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros” y recortaría de manera notable la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para presentar denuncias ante posibles irregularidades urbanísticas.
En este sentido, ha remarcado que la reforma suprimiría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público cuando finalmente no se destine a ese uso. “Se trata, por tanto, de una reforma hecha a la medida de los intereses del BBVA, de la constructora San José o de Merlin Properties en la Operación Chamartín”, ha señalado, destacando que la propuesta cuenta con el respaldo de la Confederación Nacional de la Construcción y con la oposición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
“Yo creo que no hace falta hacer un croquis para que todo el mundo le quede muy claro a quién responde estos intereses de la reforma que quiere perpetrar el Gobierno. Por todo ello, la posición de Podemos es muy clara. Esta reforma para nosotros es línea roja”, ha recalcado Fernández, poco antes de que el Ejecutivo comunicara que finalmente no llevará el decreto ley al Consejo de Ministros de este martes y que, ante la ausencia de un acuerdo que garantice su convalidación posterior, retrasa el procedimiento hasta septiembre.