El grupo de policías nacionales y guardias civiles que se había encerrado en la sede del Ministerio del Interior abandonó de madrugada las dependencias dirigidas por Fernando Grande-Marlaska después de ser “desalojados” por otros agentes y “ninguneados” por el Gobierno.
La protesta había sido comunicada este martes por varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que anunciaron un “encierro pacífico e indefinido” en Interior al dar por rota la negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad para lograr una “jubilación digna”.
Al encierro se sumaron el SUP, Jupol y UFP en representación de los sindicatos de la Policía Nacional, junto con AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y Unión de Cabos por parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En declaraciones a los medios tras su salida del Ministerio, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, denunció que “una vez más” policías y guardias civiles han “sido ninguneados” y “tirados a los pies de los caballos” por parte de Interior.
Rivero relató que agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) les reclamaron que abandonaran la sede ministerial, a lo que accedieron para no poner “en un compromiso” a sus compañeros y “evitar represiones legales”, ya que, según sostuvo, se les advirtió de “un delito de desobediencia” que “podía ser incluso de alguna ocupación de un edificio público”.
“Hemos decidido abandonar de manera pacífica porque lo siguiente hubiera sido, a lo mejor, una escena que no beneficiaría a nadie”, señaló el secretario general de Jupol, quien explicó que mantuvieron una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a la que reprocharon que hubiera “roto la mesa negociación” y ordenado su expulsión.
El dirigente sindical subrayó que la reivindicación continúa “completamente activa” para que la Policía Nacional “sea reconocida como profesión de riesgo” y disfrute de “las mismas condiciones” que las policías locales y autonómicas.
Negociación en la mesa técnica
Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil reclamaron a Interior que culminara la negociación abierta para mejorar la jubilación anticipada.
Para ello remitieron un escrito a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, solicitando una nueva reunión. Según los sindicatos, el encuentro se celebró este martes y se les trasladó que no era posible atender su demanda de una jubilación digna debido a la convocatoria electoral.
El pasado 23 de septiembre, después de una sesión de la mesa técnica, las organizaciones sindicales informaron de que el diálogo para abordar su histórica reivindicación de mejorar la jubilación anticipada —con el objetivo de equipararse a otros cuerpos autonómicos y locales— avanzaba a “buen ritmo”, al asumir la Secretaría de Estado de Seguridad novedades de “gran calado”.
Los representantes de policías y guardias civiles aludían a la mejora de la jubilación del grupo C1, que se situaría en torno a los 39.000 euros, y del grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en Clases Pasivas.
“La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios”, explicaron desde SUP y AUGC.
Desde Jupol y Jucil también respondieron a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque llamando a evitar el “triunfalismo” y recordando que su exigencia es “elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1”.
El sindicato UFP fue otra de las organizaciones que valoró “favorablemente” la oferta de la Administración, si bien la consideró insuficiente al reclamar fijar el haber regulador “a un mínimo de 39.000 euros anuales”. “Hay avance pero todavía no hay acuerdo”, remarcó.