QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ausencia de regulación de los lobbies a nivel nacional es una deficiencia que diferentes organismos internacionales señalan a España de forma reiterada desde hace años en materia de Estado de Derecho. Puestos a subsanarlo, el Gobierno puso en marcha este año un proyecto de ley para regular la actividad de los grupos de interés en su relación con la Administración General del Estado y el sector público institucional. Poco después, el PSOE hacía lo propio mediante una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para reglar la actividad de influencia sobre legisladores y personal de la Cámara Baja. Las dos propuestas avanzan en su tramitación y esperan ya la constitución de sus ponencias.
Terminado hace unos días el plazo para registrar enmiendas a la proposición de reforma del Reglamento, se han presentado 64 propuestas de cambios en la norma por la que se rige el funcionamiento del Congreso. De todas ellas, 40 pertenecen al Grupo Popular, de las cuales un tercio (13) afectan a aspectos que no tienen que ver con los grupos de interés.
Esta vía, la de intentar cambiar materias varias del Reglamento mediante enmiendas a una proposición de reforma centrada en otros aspectos del Reglamento, es la misma que empleó el PP el pasado mes de julio, durante la tramitación de dos proposiciones para adaptar el Reglamento al lenguaje inclusivo, ampliar el voto telemático y regular las acreditaciones de prensa. En aquella ocasión, el resultado fue un nuevo choque entre PP y PSOE cuando la Mesa de la Comisión de Reglamento, compuesta por los mismos miembros que la del Congreso, decidía inadmitir a trámite casi todas las enmiendas (23 de 27) registradas por los populares, una situación que ahora amenaza con repetirse.
Oposición de la Mesa a «enmiendas intrusas»
Para negar la admisión a trámite de las enmiendas, desde la Mesa (con mayoría de PSOE y Sumar) aludieron en su día al concepto de «enmienda intrusa», que es como se conoce en la jerga parlamentaria a aquellas enmiendas registradas por un grupo que nada tienen que ver con la iniciativa original o el espíritu de la misma. Los socialistas y los del grupo de Yolanda Díaz despacharon así su negativa a que se debatieran las propuestas de modificación del PP, al entender que no guardaban conexión alguna con el objeto de las reformas del Reglamento.
Como ya pasó en julio, ahora el PP quiere que la reforma para reglar las relaciones entre los grupos de interés y el Congreso sirva para, entre otros propósitos, introducir límites a las prórrogas de plazos para registrar enmiendas, impedir que los jueces comparezcan ante comisiones de investigación, la inclusión obligatoria de informes del Consejo de Estado en la tramitación de ciertas proposiciones de ley, que la celebración del Debate sobre el estado de la nación sea obligatoria o para prohibir que se acepten enmiendas intrusas en iniciativas legislativas. Y como ya sucediera en verano, se espera que de nuevo PSOE y Sumar veten la admisión a trámite de estas enmiendas en la Mesa.
Un rechazo «no ajustado a Derecho» para el PP
Desde el PP entienden que los argumentos del órgano rector de la Comisión de Reglamento son «arbitrarios» y tachan la decisión adoptada entonces de «sesgada» y «no ajustada a Derecho», como esgrimieron en su escrito de reconsideración dirigido a la Mesa del Congreso, en julio, y sobre el que esta no entró al fondo de la cuestión al acordar, ya en septiembre, que dado que la reforma del Reglamento ya se encontraba en vigor, no procedía pronunciarse sobre la solicitud hecha por los populares antes del parón veraniego.
En el documento por el que piden la reconsideración, al que ha accedido Demócrata, el Grupo Popular alegaba que la reforma por la que se reescribe buena parte del Reglamento para adaptarlo a un lenguaje inclusivo «abarca la práctica totalidad de artículos» y que ellos «han enmendado algunos», enmiendas que en ciertos casos afectan a artículos que el texto original propone modificar. A juicio del PP considerar enmienda intrusa la alteración de un mismo artículo, aunque sea en otro sentido, supondría otorgar a la Mesa un «margen de discrecionalidad tan alto que permitiría borrar del debate parlamentario la inmensa mayoría de las enmiendas», abundan desde el Grupo Popular.
¿Qué es una enmienda intrusa según el Constitucional?
El debate sobre qué se considera enmienda intrusa ya ha sido abordado en diferentes ocasiones por el Tribunal Constitucional (TC), en sentencias como la 119/2011 y la 172/2020. La doctrina del TC estima que cabe exigir la «conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar» y que la alteración del objeto de una iniciativa legislativa «no cabe mediante las enmiendas al articulado, toda vez que esa función la cumple el trámite de enmiendas a la totalidad» (STC 119/2011).
Ahora bien, la misma sentencia recoge que para determinar si existe o no «esa conexión material o relación de homogeneidad entre la iniciativa y la enmienda presentada, el órgano al que le corresponda efectuar ese análisis [la Mesa competente] contará con un amplio margen de valoración (…) Un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley». Para la valoración de si existe o no conexión, el TC exige «una valoración motivada, (…) pues solo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda».
¿Cómo explican PSOE y Sumar el veto a las enmiendas?
Preguntados en su momento por este diario, desde el gabinete de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, justificaban la decisión de admitir buena parte de las enmiendas del Reglamento apelando a la jurisprudencia del TC y la ya mencionada sentencia 119/2011. De esta manera apelaban a la amplitud del margen para discernir si una enmienda es homogénea o no con el objeto de una ley para negar que exista discrecionalidad en su resolución.
Para motivar la decisión, en Presidencia alegan que dado que ya existen otras dos reforma del Reglamento, a propuesta del PP, donde se abordan la mayoría de los aspectos que ahora los populares también han incluido en la reforma sobre los lobbies, la Mesa había decidido que no es pertinente mezclar temas. ¿El motivo? Que cuando presentas una reforma sobre otra temática mediante enmiendas que no guardan relación con el objeto de la ley, se está impidiendo al resto de grupos que registren enmiendas sobre el texto que tu enmiendas, lo que limitaría el derecho a participación de los legisladores.
Por su parte, desde el Grupo Sumar en el Congreso, explicaban en julio a Demócrata que las modificaciones del Reglamento de la Cámara son lo suficientemente delicadas e importantes como para admitir que se intenten incorporar a las mismas enmiendas intrusas de temas que no corresponden.
LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL PP
En abril de este año, el Congreso tomaba en consideración la proposición del PP para cambiar el Reglamento del Congreso en lo relativo a la celebración del debate sobre el estado de la nación. A finales, de junio, también se aceptaba otra propuesta para limitar los tiempos para los trámites de plazo de enmiendas a iniciativas legislativas o de constitución de las ponencias en comisión. En los dos casos contó con el beneplácito en el Pleno del Grupo Socialista.
Ambas propuestas permanecen bloqueadas por decisión de la Mesa del Congreso con sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas: la primera, desde finales de mayo, con 15 prórrogas; la segunda, desde inicios de julio, con 8 prórrogas.
Al inicio de la legislatura, la modificación del Reglamento para incluir el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja se tramitó en apenas 10 días. La propuesta del PSOE y Sumar para adaptarlo al lenguaje inclusivo apenas estuvo diez días en plazo de enmiendas, mientras que el tiempo para proponer cambios a la propuesta de los socialistas y el PNV para regular las acreditaciones de prensa y extender los supuestos de voto telemático duró tres semanas.
Enmiendas intrusas no han encontrado problemas
La negativa a incluir enmiendas sobre plazos de tramitación de leyes y otros aspectos de funcionamiento de la Cámara en la reforma del Reglamento sobre los grupos de interés contrasta con el criterio seguido por la mayoría de PSOE y Sumar en la Cámara con el proyecto de ley de lobbies, cuando tocó calificar las enmiendas presentadas a este texto. Entonces, la Mesa del Congreso no tuvo reparo en admitir a trámite en admitir una decena de enmiendas de Junts que afectaban a materias por completo ajenas a la norma.
La Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, también con mayoría de los socialistas y los de Yolanda Díaz, ha aceptado las propuestas para el traspaso de competencias sobre funcionarios locales con habilitación nacional, la reforma del Estatuto del Empleado Público para hacer fijos a los funcionarios interinos o la recuperación de la potestad de celebrar matrimonios para los Juzgados de Paz.
También en este legislatura se han llevado a cabo modificaciones legales a través de enmiendas intrusas en proyectos de ley del Gobierno. A propuesta del PSOE, se introdujo en la Ley de representación paritaria la posibilidad de esquivar el veto del Senado al techo de gasto presupuestario, la misma ley en la que se se incluyó la posibilidad de que ministros de Francia pudieran participar en el Consejo de Ministros. ¿Otro ejemplo? La aplicación de deducciones sobre el IRPF para los beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional, que se reguló hace unos meses a través de la Ley para reformar los seguros de circulación en vehículos de motor.
