El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que “se han cruzado todas las líneas” tras la votación en el Congreso que ha tumbado el decreto ley que incluía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
La expresión se produce en el contexto de la reacción política posterior al rechazo de la norma, que decayó al no obtener el respaldo suficiente en la Cámara. La posición de Junts fue determinante en el resultado de la votación, junto al rechazo de PP y Vox.
La caída del decreto ha abierto un nuevo escenario político en torno a la vivienda y ha generado respuestas tanto desde los partidos implicados como dentro del propio Ejecutivo.
La norma incluía, entre otros aspectos, la posibilidad de extender los contratos y un límite a la actualización de las rentas, pero no logró reunir los apoyos necesarios para salir adelante en la Cámara.
La reacción de Sumar tras el rechazo
El rechazo del decreto ha sido interpretado dentro de Sumar como un revés para el Gobierno de coalición. En distintas áreas del grupo admiten que la votación supone un golpe para una de las medidas que consideraban centrales en la legislatura.
A pesar de ello, sostienen que volverán a llevar la iniciativa al Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que regresará a la Cámara “las veces que haga falta” con un nuevo decreto ley para extender los contratos de alquiler.
Dentro del grupo se plantea la posibilidad de introducir ajustes en el texto para facilitar su aprobación en el futuro, incluyendo medidas que puedan atraer apoyos parlamentarios.
La votación ha evidenciado también fricciones dentro del Ejecutivo. Desde Sumar se han expresado críticas por lo que consideran una escasa implicación del PSOE a la hora de asegurar los apoyos necesarios.
Algunos dirigentes del grupo consideran que el resultado refleja diferencias en la estrategia sobre vivienda y cuestionan el papel del Ministerio competente en esta materia.
Durante el debate en el Congreso, la ausencia de miembros del ala socialista del Gobierno, y en particular de la ministra de Vivienda, ha sido señalada por representantes de Sumar como un elemento de malestar.
El debate político tras la caída de la medida
Desde Sumar sostienen que, pese al rechazo parlamentario, la iniciativa ha situado la vivienda en el centro del debate público. En ese sentido, consideran que han logrado impulsar una discusión política sobre esta cuestión.
También señalan que la votación permite identificar posiciones diferenciadas entre los grupos parlamentarios en torno a las políticas de vivienda.
En paralelo, defienden que las solicitudes de prórroga presentadas durante el periodo en el que el decreto estuvo vigente deben mantenerse, aunque reconocen que puede abrirse un debate jurídico sobre su aplicación.