QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno se ha dejado para septiembre continuar con la reforma que prevé para el sector de las universidades privadas. En concreto, hay dos modificaciones sobre la mesa, una proposición de ley para prohibir que paguen para garantizar plazas de prácticas; y un Real Decreto para endurecer el proceso de reconocimiento y autorización de los centros privados.
El fin del pago por prácticas
El Grupo Socialista en el Congreso registró una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario con el propósito de incluir de forma expresa la prohibición de que los centros educativos puedan alcanzar acuerdos con entidades que conlleven una contraprestación.
La iniciativa fue tomada en consideración y permanece en fase de ampliación de enmiendas en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
En los Planes de Estudio de Grado y Máster es obligatoria la realización de prácticas para complementar la formación académica. Es habitual que algunas universidades y centros de titularidad privada pacten con empresas un número fijo de plazas para sus alumnos a cambio de una “donación” o similar.
Para “salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas”, PSOE y Sumar prevén aprobar la enmienda para incluir en la Ley del Sistema Universitario que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas oficiales puedan suscribir acuerdos con empresas, instituciones, entidades u organismos para asegurar las prácticas del estudiantado; pero “no podrán vincularse a contraprestación o donación” ni por parte de los centros ni a través de fundaciones relacionadas.
Asimismo, se insiste en que las prácticas han de mantener el carácter formativo, por lo que en ningún caso se establecerán obligaciones propias de una relación laboral y tampoco podrán sustituir puestos de trabajo.
Descafeinando el RD
A mediados del pasado mes de abril el Gobierno de España agitó el sector de las universidades privadas con el anuncio de un Real Decreto que endurecería el proceso de reconocimiento y autorización de los centros privados con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza.
El primer borrador del proyecto imponía una serie de exigencias, como un suelo mínimo de 4.500 matriculados, pero se ha descafeinado. La última versión que ya ha llegado al Consejo de Estado, a la que ha tenido acceso Demócrata, da más tiempo para que puedan cumplir con los requisitos y se rebajan algunos porcentajes; aunque a cambio, se demanda más proyección y previsión investigadora.
Una de las condiciones iniciales, y de las que más polémica despertó en el sector, es la de contar con una base mínima de estudiantes. Se fijó en 4.500 y se mantiene, pero ahora, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dará a los centros seis años para alcanzar dicha cifra, en lugar de cinco.
En un principio, estaba estipulado que, si a los cinco años desde el inicio de las actividades académicas el centro no hubiera alcanzado el 80% del objetivo de estudiantes matriculados, se revocaría la autorización. En la nueva versión del proyecto de Real Decreto, se rebaja al 70% y las universidades dispondrán de tres meses para elaborar y presentar un plan de desarrollo con medidas correctoras y dispondrán de tres años como máximo para resolver la situación.
Este procedimiento se mantendrá para cualquier condición que se exija a las universidades privadas y éstas incumplan. Dispondrán de tres meses para elaborar un plan con una batería de medidas para regularizar la situación. El primer borrador únicamente les daba uno.
De igual forma, el departamento dirigido por Diana Morant, ha flexibilizado el plazo de las universidades para adaptarse a las nuevas condiciones. Se dan tres años, que serán cinco para los centros universitarios privados cuya actividad hubiera arrancado en los últimos tres años y para los ya creados o reconocidos, pero aún no autorizados.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, preguntado por Demócrata, esgrime que está pendiente de recibir el informe del Consejo de Estado; por lo que el texto aún es susceptible de incorporar nuevas modificaciones.
Mientras este segundo borrador rebaja algunas de las condiciones dando más tiempo a los centros, por el contrario, se pide un mayor compromiso con la investigación.
La Memoria que han de presentar obligatoriamente los potenciales nuevos centros debe incorporar una programación plurianual detallada de la actividad investigadora del personal docente e investigador a seis años vista, cuando iba a ser de cuatro. Se exigiría, por tanto, mayor planificación y se mantiene la condición de que las áreas científicas han de ser coherentes con las titulaciones ofertadas, especialmente con los programas de Doctorado.
Otra de las exigencias que incorpora el proyecto es la de captar el equivalente al 2% del presupuesto total anual en convocatorias de programas y contratos de investigación y transferencia de conocimiento (I+D+i). Los centros universitarios debían alcanzar este hito a los cinco años, pero el Ejecutivo lo ha ampliado a 10 para los nuevos.
Además, se retrasa hasta el séptimo año (no al quinto) la obligación de adjuntar a la Memoria presentada inicialmente en el proceso de creación o reconocimiento información sobre su plantilla que imparta docencia en relación a que hayan obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora por la ANECA o por las agencias de las Comunidades Autónomas con competencias en dicha evaluación. Se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva. El dossier habrá de incluir también la relación de los principales indicadores de los resultados de la actividad investigadora desarrollada. Se exigirán al menos dos publicaciones científicas de promedio por cada profesor o profesora en los últimos tres años.
En sintonía, transcurridos siete años (y no cinco como sugería el primer borrador), la universidad deberá demostrar ante el órgano competente de la comunidad autónoma o, en su caso, ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la obtención como investigador o investigadora principal por parte de su profesorado de al menos 20 proyectos de investigación competitivos de ámbito autonómicos, nacional o internacional, durante los últimos siete años.
