Sánchez confirma para este martes un decreto de ayudas a los afectados por el siniestro ferroviario de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes 2 de noviembre que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre y que ha dejado 69 personas fallecidas. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que el paquete incluirá compensaciones económicas, mecanismos para anticipar indemnizaciones y medidas de acompañamiento a los afectados, siguiendo el modelo aplicado tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero.

El anuncio se ha producido durante la intervención de Sánchez en el foro World in Progress (WIP), organizado por Prisa en Barcelona, donde ha vuelto a trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de acompañarlas durante los próximos meses. El presidente ha asegurado que el Ejecutivo estará a su lado durante el duelo, en los trámites administrativos y en la búsqueda de respuestas sobre "lo que nunca debió suceder".

La aprobación del decreto supondrá la primera respuesta económica específica del Consejo de Ministros a la tragedia ferroviaria, mientras continúa abierta la investigación judicial destinada a esclarecer las circunstancias del accidente. Aunque el Gobierno ya ha avanzado las principales líneas de actuación, las cuantías definitivas y los requisitos concretos para acceder a las ayudas deberán conocerse cuando se apruebe el texto.

Qué ayudas recibirán las víctimas y familiares del accidente de Urda

Sánchez ha adelantado que el decreto incluirá ayudas económicas directas y un mecanismo específico para anticipar el pago de las indemnizaciones. Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende evitar que las familias deban esperar a la conclusión de procedimientos administrativos, aseguradores o judiciales para recibir apoyo económico después del accidente.

La norma también contemplará medidas específicas relacionadas con los procesos de incapacidad temporal de las víctimas, destinadas a atender la situación de las personas que han sufrido lesiones y no pueden reincorporarse a su actividad laboral. No obstante, todavía no se han detallado los requisitos, la duración de estas medidas ni su posible relación con las prestaciones ordinarias de la Seguridad Social.

Otra de las novedades anunciadas será la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, especialmente en las comunidades autónomas donde residan los afectados. Su función será facilitar las gestiones que deban realizar las víctimas y sus allegados, evitando que tengan que dirigirse por separado a distintas administraciones para obtener información sobre los mecanismos de apoyo.

El objetivo, según ha explicado el Gobierno, es ofrecer una respuesta que no se limite a las compensaciones económicas, sino que incluya también asistencia administrativa y acompañamiento a las familias. Las condiciones concretas de acceso a estos servicios se conocerán con la aprobación de la norma prevista para este martes.

El precedente de Adamuz: indemnizaciones de más de 210.000 euros por fallecido

El Gobierno utilizará como referencia el sistema extraordinario de ayudas aprobado después del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026. En aquella ocasión, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto nueve días después del siniestro, que estableció compensaciones superiores a los 210.000 euros por cada persona fallecida.

El mecanismo contemplaba tres conceptos de aproximadamente 72.000 euros cada uno: una ayuda directa a fondo perdido, un anticipo de la indemnización correspondiente al seguro de responsabilidad civil y la compensación prevista por el Seguro Obligatorio de Viajeros. En el caso de las personas heridas, las cantidades variaban en función de la gravedad de las lesiones y sus consecuencias.

Según explicó entonces el Ministerio de Transportes, las compensaciones por lesiones corporales oscilaban entre los 2.400 euros y más de 84.000 euros, dependiendo de la entidad de los daños sufridos. El sistema buscaba acelerar la llegada de los recursos económicos a los afectados, mediante pagos únicos y con las exenciones fiscales previstas en aquella regulación.

Estas cantidades corresponden al decreto de Adamuz y no pueden darse todavía por aprobadas para las víctimas de Urda. Aunque Sánchez ha confirmado que el Gobierno seguirá un modelo similar, será necesario conocer el contenido definitivo del nuevo texto para determinar qué importes se aplicarán, quiénes podrán solicitarlos y cómo se tramitarán los anticipos.

Óscar Puente presentará un informe sobre el accidente ante el Consejo de Ministros

La reunión del Ejecutivo de este martes también estará marcada por la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que presentará un informe sobre la información recopilada hasta el momento acerca del accidente ferroviario de Urda.

Según fuentes gubernamentales consultadas por EFE y Europa Press, el ministro intervendrá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar tanto el contenido del decreto como los avances conocidos sobre el siniestro. Posteriormente comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Puente ya ofreció explicaciones el pasado viernes 30 de octubre y descartó presentar su dimisión. También anunció que el Ministerio está trabajando en nuevas medidas para reducir el riesgo de fallos técnicos y recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario español, después de los accidentes de Adamuz y Urda.

El informe que presentará este martes recogerá los datos disponibles hasta el momento, aunque no sustituirá las conclusiones de las investigaciones judiciales y técnicas, que deben determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades. Por tanto, las explicaciones del Ministerio tendrán carácter provisional mientras continúen las diligencias.

El Gobierno afronta la respuesta a Urda en plena precampaña electoral

La aprobación del paquete de ayudas llegará a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto de creciente presión política sobre la gestión ferroviaria del Gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado responsabilidades al Ejecutivo por los accidentes, mientras que otras formaciones también han cuestionado la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que su prioridad inmediata es atender a las víctimas, esclarecer lo sucedido y reforzar la seguridad del sistema ferroviario. Sánchez ya reconoció el pasado viernes que la confianza de la sociedad en el ferrocarril se encuentra "quebrada" después de las dos tragedias registradas este año.

En paralelo, las autoridades judiciales y los equipos especializados continúan trabajando en la identificación de las víctimas y en las actuaciones necesarias para avanzar en la investigación del siniestro.

El Consejo de Ministros del martes 3 de noviembre será, por tanto, una jornada clave para conocer el alcance económico de la respuesta del Gobierno al accidente de Urda. Además de aprobar las ayudas anunciadas por Sánchez, el Ejecutivo deberá concretar cómo se tramitarán, cuándo podrán empezar a percibirse y qué mecanismos se establecerán para que las familias reciban apoyo sin tener que esperar a que concluyan todos los procedimientos derivados de la tragedia.